Secretos de una negociación marcada por las sospechas

MONTEVIDEO.- Una reunión de la que no quedaron registros en el despacho del vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, fue el escenario donde se acordó el precio "político" por el que se le prorrogó a la multinacional Boskalis la concesión de las obras millonarias de mantenimiento del canal binacional Martín García.

Participaron, además de Conde, dos funcionarios argentinos: el embajador Dante Dovena y el entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el gremialista Ricardo Luján, que llevaron la propuesta argentina de "solución política" que Uruguay aceptó, según declaró Conde.

Fue a mediados de enero pasado, meses antes de que empezaran a circular las sospechas de un intento de soborno que hoy tienen a los gobiernos de los dos países envueltos en una creciente tensión diplomática.

En aquel entonces, ya no había otra opción que acordar con Boskalis, que tenía la concesión, porque faltaban días para que venciera su contrato y el canal no podía quedar sin dragado. Hacía un año que Uruguay le reclamaba a la Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) un eventual concurso de precios. Así surge de las actas de ese organismo, que debe resolver qué empresa se iba a contratar.

Cuando se cerró el acuerdo con Boskalis, el único estudio técnico que se había presentado sobre el precio por pagar era de Uruguay (de acuerdo con el acta 482 de la CARP) y sólo aceptaba un aumento del 14,05 por ciento. La Argentina dijo tener uno suyo que autorizaría un aumento mayor, pero no lo presentó. En la reunión, en el despacho de Conde, se acordó un incremento que superaba lo previsto por Uruguay, y los gobiernos instruyeron a sus delegados de la CARP para que lo aprobaran.

"El factor tiempo era crítico: debíamos mantener la empresa concesionaria dragando", informó Conde, en la declaración que brindó al Tribunal de Cuentas, máximo organismo de control de Uruguay. El gobierno uruguayo no hizo pública esa declaración, pero su contenido fue confirmado a LA NACION por fuentes oficiales. Conde dijo también que ya "no había márgenes para seguir negociando ni con la empresa ni con la Argentina" y que "el factor tiempo" influía en el incremento de los costos.

En los meses previos a ese acuerdo, hubo -según funcionarios uruguayos- negociaciones no declaradas de la Argentina con la firma y notificaciones de la compañía a la CARP de supuestos acuerdos logrados con el kirchnerismo por fuera de la comisión para saltear la licitación de las obras de fondo. También, una decisión de los delegados argentinos de que no quedara registro literal de lo que pasaba en sus reuniones. Se negaron a seguir firmando las actas con la desgrabación de los plenarios, como se habían negado antes a que se hiciera una auditoría pedida por los uruguayos, que dijeron haber detectado "desprolijidades", tales como una cuenta bancaria no declarada.

La auditoría clave

Todos estos datos surgen de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas uruguayo, cuyas conclusiones son públicas, y de sus entrevistas con funcionarios, como Conde; el presidente de la CARP, Francisco Bustillo, y el embajador itinerante uruguayo Julio Baráibar, que definió la actitud de la delegación argentina como "engañosa" y "agresiva".

Baráibar (de máxima confianza del presidente José Mujica) fue quien hizo pública la sospecha de un intento de coimas de Boskalis. Según la auditoría, Boskalis obtuvo un precio "razonable", que no estaría fuera de los valores de mercado. Era menos de lo que había pedido. Pero para la auditoría quedó demostrado que la Argentina favoreció a la firma al dilatar la licitación y demorar, hasta hacer inviable, el concurso de precios para el mantenimiento del canal.

En sus conclusiones, el Tribunal le sugirió a Almagro analizar posibles medidas penales, dado lo que surgía de las actas de la CARP y "el tenor" de los informes reservados que la delegación uruguaya le había entregado. No obstante, fuentes del gobierno de Mujica informaron a LA NACION que Uruguay no planea denunciar a funcionarios kirchneristas y que prevé prestar la menor colaboración posible con la causa judicial abierta en Buenos Aires para investigar el caso.

Un funcionario uruguayo dio por sentado que se negarán a declarar los ocho testigos citados por el juez Claudio Bonadio, entre los que están Almagro, Baráibar y Bustillo, supuesto destinatario del intento de coima. Tienen un camino legal: ampararse en su inmunidad diplomática.

Evitar confrontar con la Argentina es una regla general de Mujica y fue su estrategia declarada para obtener la profundización del dragado del canal, obra estratégica para su país. En los últimos días, no obstante, el cruce de declaraciones entre las cancillerías tensó la relación. Héctor Timerman dejó en claro la profunda molestia que generó la auditoría uruguaya.

"Fue Timerman el que pidió esa auditoría. Y acá el Tribunal de Cuentas es en serio", dijo a LA NACION un funcionario uruguayo. Cuando los medios hicieron públicas las sospechas, el canciller argentino pidió que la Argentina y Uruguay auditaran lo actuado. El informe argentino fue encargado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige Daniel Reposo. A diferencia de su par uruguayo, no advirtió irregularidades.

URUGUAY TIENE SU PROPIA CAUSA

MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya tiene su propia causa penal sobre el caso del dragado del canal Martín García. La denuncia, presentada por el abogado Gustavo Salle, no es por sobornos ni irregularidades, sino por omisión de denuncia contra el embajador Julio Baráibar, el primero que hizo público un supuesto intento de soborno. "Es por omisión de denuncia. Pero eso no limita al juez, que puede investigar todo el caso", dijo Salle a LA NACION.

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