Quiénes son los empleados fantasmas de la SUBE

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Nunca trabajaron en la supervisión de la SUBE. Nunca se enteraron que figuraron en un contrato firmado por la Secretaría de Transporte y avalado por el Banco Mundial. Pero el Estado pagaba unos 650.000 dólares en sueldos para empleados fantasmas.

LA NACION reveló que Ashley fue contratada en 2011 para supervisar durante diez meses el boleto electrónico, según consta en el expediente de la Secretaría de Transporte. Como "stakeholders management" su sueldo mensual era de 24.300 dólares; su contrato sumó 247.860 dólares.

"¡Mirá si voy a cobrar eso! ¡Ya sería millonaria! Nunca firmé un contrato. Nunca trabajé para Global Infrastructure [la empresa que supervisa la tarjeta] . No entiendo qué pasó", repitió Ashley.

Ashley explica que estuvo en contacto con Stephen Chandler , jefe del control de la SUBE, porque el consultor inglés le ofreció el pero que finalmente no se concretó.

Ocho mil kilómetros separan a Steve Beer de Buenos Aires. Su salario para supervisar la SUBE asciende a 40.600 dólares mensuales -según consta en el contrato-, pero este británico que vive en Estados Unidos asegura que no tiene "nada que ver" con la tarjeta.

Beer está incluido como "program assurance" -a cargo de la optimización del proyecto- en el contrato que la Secretaría de Transporte firmó para controlar el boleto electrónico. Su salario por diez meses de trabajo asciende a 414.120 dólares.

"No tengo nada que ver con la SUBE ni con ningún otro proyecto del gobierno argentino. No tengo conocimiento de ningún pago a nadie ni a ninguna firma relacionada con ese proyecto", dijo Beer a LA NACION.

Los sueldos de los empleados para controlar la SUBE representan casi el 70% del contrato de 65 millones de pesos. Sólo para los tres "empleados extranjeros" ( Stephen Chandler , Ashley y Beer), la suma es superior a los 2,5 millones de dólares.

Los pagos del control de la SUBE despertaron acusaciones cruzadas. Chandler fue el primero en atacar. Admitió que había propuesto a Beer y a Ashley para esos puestos, pero aseguró que unos meses después les avisó a sus socios locales, a los funcionarios de Transporte y a Andrés Pizarro, gerente del proyecto del Banco Mundial -que financió el contrato- que esas personas ya no estaban disponibles para ocupar los lugares.

Y lanzó: "Creo que mis socios locales le facturaron por esos empleados a la Secretaría de Transporte, incluso con montos más altos. Pero todos sabían de la situación".

Sin darse por enterados de las acusaciones, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados le enviaron la semana pasada una carta documento al consultor inglés para pedirle los comprobantes de pago de los empleados fantasma.

El consorcio a cargo de la supervisión de la SUBE se disolvió apenas 24 horas después de suspendido el contrato. Chandler aseguró el jueves que iniciará una demanda contra sus socios locales en reclamo de pagos adeudados por una suma superior al millón y medio de pesos.

La Justicia investiga el proceso licitatorio por el cual el Estado pagó $ 10 millones de más para controlar la SUBE en beneficio de un consorcio integrado por el ex funcionarios de Transporte. Ante la consulta de LA NACION por la situación de los empleados fantasma, en la Secretaría de Transporte evitaron responder.

Luego de la denuncia de Marcela Ashley, el Gobierno decidió suspender la supervisión de la SUBE y dejar el contrato a disposición de los organismos de control. Algunos días después, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que había detectado "anomalías" en el concurso avalado por el ex secretario Juan Pablo Schiavi.

La serie de notas que componen la investigación:

Otro empleado fantasma en el contrato por la SUBE

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