Las provincias, más dependientes

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No morderás la mano que te da de comer. Y gracias a las endebles cajas provinciales y a las arduas negociaciones salariales que arrancan en estos días, la lealtad de los gobernadores hacia el gobierno nacional parece asegurada.

Durante la administración kirchnerista, desde 2003 hasta 2011, las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo llegaron a cubrir casi un cuarto del gasto provincial en salarios y jubilaciones, el mayor de su estructura de egresos, cuando en los años ?90 representaba apenas un 7 por ciento en el promedio del conglomerado.

Un informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) -creada por el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner Martín Lousteau- afirma además que en La Rioja, Santa Cruz o Santiago del Estero, por ejemplo, esta participación supera el 60 por ciento. Esto significa que, para algunas provincias, la posibilidad de pagar sueldos a sus empleados depende exclusivamente de la buena sintonía que se haya cultivado en los últimos años con la Casa Rosada.

"Desde 2003 hasta 2011, las provincias cedieron recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por 58.000 millones de dólares y perdieron otros 15.000 millones de dólares por la no coparticipación del 70 por ciento del impuesto al cheque", estima el informe de la consultora.

Por otro lado, los distritos provinciales sólo recibieron de manera discrecional 35.000 millones de dólares. "Es cierto que las transferencias del Gobierno crecieron en los últimos años", señaló Gastón Rossi, economista de LCG. "El problema es que son discrecionales e insuficientes", agregó.

En ese sentido, el indicador de autonomía del consolidado provincial que elabora el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) pasó de un 47 por ciento, en 2003, a un 41 por ciento, en 2009. "En el mismo período la recaudación propia provincial creció a una tasa del 25 por ciento anual promedio, los envíos por coparticipación federal a un ritmo promedio anual del 26 por ciento. Sin embargo, las transferencias nacionales no automáticas crecieron a un ritmo promedio anual del 42 por ciento, generando una disminución relativa aún mayor del grado de autonomía provincial", indica el informe.

Los gastos en salarios y jubilaciones totalizaron, en 2011, 190.000 millones de pesos y representaron el 8 por ciento del total del gasto primario de las provincias. Es por eso que las paritarias son observadas con recelo por los mandatarios provinciales.

"Cada punto porcentual de incremento en la pauta salarial tiene un costo equivalente de 1900 millones de pesos para el conjunto de las provincias", afirma el trabajo de LCG. Por el otro lado, la inflación incrementa los ingresos (los impuestos nacionales más coparticipados son IVA y Ganancias) en la misma proporción.

Es la pulseada salarios versus precios la que dirimirá el resultado de las cuentas fiscales provinciales. El riesgo, estiman en LCG, es que los gremios negocien con la inflación pasada, mientras la suba de precios se desacelera por menor actividad en la economía este año.

Amigos de Cristina

Luego de la mejora en 2010, la situación fiscal de las provincias se deterioró el año pasado. Gracias al crecimiento de la economía y a la alta inflación los ingresos tributarios se expandieron un 33 por ciento, pero el gasto en personal se incrementó un 38 por ciento y las cuentas pasaron a estar en rojo nuevamente. El déficit primario totalizó 8300 millones de pesos, lo que significó un 0,5 por ciento del PBI. Para 2012, la consultora espera una situación similar, con un incremento de un décima en el déficit pero aún "controlable".

Pero, además de insuficientes, la distribución de las transferencias discrecionales dependió de la dirección del viento político que sopló en cada provincia. "En términos absolutos, Buenos Aires fue la principal receptora con 9000 millones de dólares (un 26 por ciento del total). En segundo lugar se ubicó Córdoba con 3000 millones de dólares (9 por ciento) y en tercer lugar aparece Santa Cruz con US$ 2300 millones (7 por ciento), diez veces más de lo que recibió San Luis (230 millones de dólares). La provincia de los hermanos Rodríguez Saá fue la menos beneficiada y tiene el doble de habitantes que el distrito patagónico.

Pero además, al analizar la distribución de las transferencias discrecionales por habitante, Santa Cruz resultó por lejos la más beneficiada al recibir 9000 dólares per cápita desde 2003. Esto representa el doble de lo recibido por La Rioja, que es la segunda más beneficiada, y 40 veces más que la Ciudad de Buenos Aires que resultó la ser la más perjudicada.

De hecho, Santa Cruz es la única provincia que recibió más por transferencias discrecionales que lo que perdió por impuestos cedidos a la Nación: obtuvo transferencias discrecionales por 2300 millones de dólares y dejó de recibir 1100 millones de dólares.

Un problema histórico

La caída de la masa coparticipable no puede achacarse sólo al kirchnerismo. Históricamente, las provincias fueron cediendo recursos a la Nación a través de "precoparticipaciones" para financiar los desequilibrios estructurales del sistema previsional. Por otro lado, los impuestos de emergencia creados después de la crisis de 2001-2002 (impuesto al cheque y retenciones), que se perpetuaron en el tiempo, alcanzaron en 2011 un peso del 17 por ciento en el total de la recaudación. De esos impuestos sólo el 30 por ciento del impuesto al cheque es coparticipado, el mismo porcentaje que el complejo sojero aporta a la provincias desde 2009.

La consecuencia natural de este proceso fue una pronunciada caída de la participación de las transferencias automáticas a las provincias en el total de la recaudación: de un promedio del 32% en los 90 se pasó al 27% promedio entre 2003-11. Esta diferencia de cinco puntos porcentuales implicó para las provincias menores ingresos por nada más y nada menos que US$ 34.000 millones en ese período.

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