Prevén duras críticas a Scioli en el informe por el caso Candela

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LA PLATA.- Pocos días antes de que la comisión legislativa de "acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez" presente su informe sobre las presuntas irregularidades que rodearon el caso ocurrido hace un año, las disputas en el seno del cuerpo, en especial entre miembros del propio oficialismo, prenuncian la fuerte polémica que el trabajo desatará sobre la gestión de seguridad del gobierno de Daniel Scioli.

Las discrepancias en el interior de la comisión son tales que se espera que haya tres dictámenes diferentes, ya que el senador sciolista Alberto De Fazio y su par de Unión Pro Peronista, Anibal Asseff, ya adelantaron que realizarán informes por separado. Ambos legisladores coinciden en defender la actuación policial y cargan las tintas sobre la conducción de la instrucción judicial.

En cambio, para el resto -representantes del Frente para la Victoria (FPV), la Coalición Cívica (CC) y GEN-, los reproches deben extenderse tanto al Poder Judicial como al gobierno de Scioli e incluso a la labor de los medios de comunicación en la cobertura del caso.

Pese a que los miembros de la comisión, presidida por Jorge Ruesga (FPV) y creada a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto, acordaron la confidencialidad sobre sus tareas, muchas de sus actividades y parte de las declaraciones de los testigos se hicieron públicas.

De hecho, el dictamen de los aliados a Mariotto y a la oposición incluirá, entre otras cosas, la recomendación de avanzar en pedidos de juicio político para el fiscal Marcelo Tavolaro y su jefe directo, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Goodgate, solicitud que también podría alcanzar al juez de Garantías Alfredo Meade. También sugerirá sumarios e, incluso, sanciones para uniformados, entre los que no estarían ajenos el jefe de la policía provincial, Hugo Matzkin; su antecesor -ya retirado- Juan Carlos Paggi; el ex superintendente de investigaciones Roberto Castronuovo, y, entre otros, el titular de la DDI La Matanza, Marcelo Javier Chebriau. Este dictamen no será vinculante, pero tendrá un fuerte peso político.

Alarma

La difusión oficial del informe, que estará terminado para fin de mes -cuando se cumple un año de la aparición del cadáver de Candela-, provoca alarma en el gobierno provincial, debido a que, según trascendió, también cuestionará la política de seguridad basada en "una matriz de autogobierno policial" que, para los investigadores, provoca "graves disfunciones" que terminaron por facilitar el crimen y obstaculizar su esclarecimiento, según confió a LA NACION un miembro de la comisión de activa participación.

Desde la comisión, que en julio entregó a Mariotto un preinforme, advirtieron que la presentación del trabajo sobre el caso Candela "sacudirá la estructura de seguridad" de la provincia, conducida por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, blanco de las críticas del kirchnerismo. De hecho, aún no se descarta una eventual citación para que Casal también declare, como en algún momento lo sugirió la senadora María Isabel Gainza (CC).

No se desecha, tampoco, la posibilidad de que más de un testimonio recogido durante la pesquisa sea girado a la justicia penal, para nutrir la instrucción de la causa o para iniciar nuevas investigaciones que involucren a altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad en hechos ilícitos.

El dictamen se elaboró durante casi cinco meses, sobre la base de la lectura, la sistematización, el análisis y el cotejo del expediente judicial, con sus correspondientes legajos complementarios. Es decir, se evaluó la declaración voluntaria de unos 40 testigos; y un seguimiento del tratamiento periodístico del hecho.

El cuadro de situación que los técnicos de la comisión se han conformado es que se habría tratado de un narcosecuestro y que la ruptura de los protocolos de actuación investigativa tanto durante el desarrollo del rapto como luego de la aparición del cuerpo inscriben el crimen en un contexto de disputas e internas policiales y determinan un fraudulento armado de pruebas. Asimismo, los pesquisas de la comisión habrían observado, según se indicó, "una estrategia mediática que deliberadamente enturbia el desarrollo de la investigación del caso".

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