La Presidenta ordenó movilizar a todo el oficialismo para el 7-D

En medio de la batalla judicial, el gobierno de Cristina Kirchner prepara su embestida final del 7-D (en realidad, será el 10 de diciembre) contra el Grupo Clarín.

Por un lado, habrá una sucesión de movilizaciones de Unidos y Organizados, sindicatos, cooperativas y ONG, que comenzarán con foros y festivales previos en todo el país y terminarían con una manifestación en la Plaza de Mayo. Por otro, la Presidenta ordenó a todo su gabinete concentrarse en este conflicto. Ministros, secretarios de Estado, funcionarios y legisladores tienen asignadas distintas misiones en la batalla para lograr la aplicación de todos los artículos de la ley de medios. Y seguirán las acciones en la Justicia, el Congreso, en el ámbito administrativo y en la calle.

También habrá un refuerzo en la ya insistente campaña de propaganda oficial en medios públicos y privados para instalar el argumento oficial.

Altas fuentes de la Casa Rosada indicaron que no se descartan concentraciones frente a Cablevisión o a Canal 13, dos de los medios de Clarín a los cuales, tras el 7-D, como se bautizó a esa fecha, el Estado podría intervenir para licitar sus licencias.

Se prevé, incluso, una gran marcha días después del 7-D. Eso dependerá de la magnitud del cacerolazo del 8 de noviembre, el denominado 8-N. "Si es muy grande, saldremos a defender la democracia y pondremos un millón de personas en Plaza de Mayo", dijo a LA NACION un referente de Unidos y Organizados, la agrupación que aglutina a los sectores más kirchneristas (como La Cámpora, Kolina y el Movimiento Evita).

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, prepara un cronograma de seis festivales en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, y empezará por Chaco. Cada uno de ellos estará acompañado por un foro de debate. Además habrá otra media docena de encuentros sobre el 7-D.

Serán organizados por el Afsca y por la Coalición para la Comunicación Democrática. Expondrán funcionarios, políticos, universidades, medios, periodistas, comunidades indígenas, locutores y actores, confiaron cerca de Sabbatella.

"Hay efervescencia en todos. Todavía no se determinó si será en Plaza de Mayo o en alguna empresa del Grupo", dijo un funcionario.

En el Gobierno denuncian que Clarín "desafía la gobernabilidad" porque ejerce, según ellos, "una desobediencia a una ley sancionada por el Congreso, convalidada por la Corte y reglamentada por el Poder Ejecutivo". Parte de esa acción callejera, en rigor, está dirigida a contrarrestar el cacerolazo del 8-N, que entre otras protestas contra el Gobierno reclamará libertad de prensa.

En el Gobierno admiten que parte del éxito oficial el 7-D dependerá de los efectos que deje el cacerolazo.

"Si el 8-N es multitudinario, haremos algo más grande aún. Un millón de personas en Plaza de Mayo. Una gesta", dijo un jefe de Unidos y Organizados a LA NACION.

El plan de adecuación que la Casa Rosada le intentará aplicar a Clarín el 7-D consistirá, por un lado, en concursar nuevos dueños para al menos 214 licencias de Cablevisión. Ese cableoperador sólo podría retener 24 licencias en todo el país y no podría sobrepasar el 35% del mercado nacional, según el cupo que fija el artículo 45 de la ley de medios, uno de los que Clarín impugnó en la Justicia por inconstitucional.

El Gobierno dice que Cablevisión reúne a 238 licencias. Clarín dice que son 158 en el cable y sólo 11 entre radios y emisoras de televisión.

Previo a la licitación, el Afsca podría intervenir las licencias para retomar el control original sobre ellas y "garantizar el servicio y los puestos de trabajo". El acto administrativo aún no está definido. "Eso lo definirá el Afsca", comentó un encumbrado funcionario. Pero la decisión política será de Cristina Kirchner.

Sabbatella dijo ayer a LA NACION: "Vencido el plazo del 7 de diciembre, el Afsca actuará de oficio; concursará las licencias para que todos queden ajustados a los requisitos legales, lo que no significa que venimos a expropiar, confiscar, estatizar, simplemente venimos a hacer cumplir la ley, sin excepciones ni privilegios, garantizando el servicio y los puestos de trabajo". ¿Intervendría las licencias? Sabbatella no quiso contestar. "Se hará lo necesario para hacer cumplir la ley", se escudó.

Por otro lado, el Afsca instaría al grupo a que opte entre quedarse con lo que le quede de Cablevisión o con El Trece. Según el artículo 45, nunca podrá conservar ambos: cableoperador y televisión por aire a la vez.

¿Puede haber medidas de acción directa? Dos ministros juzgaron ante LA NACION que eso sería contraproducente para el Gobierno. "No queremos la foto del caos", aseguran.

Con las movilizaciones de Unidos y Organizados, que lidera el diputado camporista Andrés Larroque, pretenden recrear la mística que precedió a la sanción de la ley de medios en el Congreso en 2009, aunque los foros eran siempre entre sectores afines al Gobierno.

Clarín impugnó ante la justicia civil y comercial, por inconstitucionales, los artículo 45 y el 161, que establece un plazo de un año para desprenderse de los medios que excedan el límite permitido. El multimedio interpreta que el Gobierno no debería actuar, porque si no hay un fallo sobre el fondo de la cuestión, aunque caducara la medida cautelar que frenó la aplicación de esos artículos, el plazo de adecuación comienza a correr sólo desde ese día. El Gobierno sostiene que el plazo termina ese día.

Si el Afsca actúa de oficio, Clarín impugnaría esa competencia en la Justicia y planteará una ampliación de la medida cautelar. Como el Gobierno no confía en los jueces del fuero ni en la Cámara Civil y Comercial, hará sancionar en el Congreso una ley de per saltum con la intención de que la Corte Suprema se expida rápido, bajo el argumento de "gravedad institucional".

La batalla de Cristina Kirchner por el 7-D es "a todo o nada": se juega la posibilidad de aspirar a una segunda reelección en 2015, argumentan en la Casa Rosada. Si logra imponerse, podrá avanzar en un proyecto de reforma de la Constitución. De lo contrario, denunciaría una conspiración de sectores opositores contra la estabilidad de su gobierno.

Clarín considera que la ley "es discriminatoria, arbitraria y no reconoce antecedentes internacionales". Las licencias de cable, sostiene, no ocupan espectro radioeléctrico, por lo cual argumenta que su limitación a 24 no es racional. También cuestionan la incompatibilidad que fija la ley entre el cable y El Trece. Se trata, dicen, de dos mercados que no compiten entre sí, sino que se complementan.

Los frentes abiertos en la disputa

De aquí a diciembre, el Gobierno dará pelea en distintas instancias para lograr la aplicación de la ley de medios

En los tribunales

Mañana asumirá un nuevo titular en el juzgado que analiza la demanda de Clarín contra algunos artículos de la ley de medios

En la Corte

Los jueces del máximo tribunal dijeron que no aceptarán presiones. El Gobierno quiere involucrarlos en la pelea

En el Congreso

El Senado empezará a debatir una ley de per saltum para forzar a la Corte a definirse sobre el caso Clarín

En los despachos

El Afsca, que conduce Sabbatella, prepara la estrategia legal para forzar la desinversión. Busca apoyo de otros multimedios

En la calle

El Gobierno prepara movilizaciones en todo el país. Tiene la mirada puesta en el cacerolazo convocado para el 8-N

Del editor: qué significa.

El enorme esfuerzo que dedica el Gobierno al 7-D revela su visión profunda de la política: lo importante no es lo que se hace sino cómo se lo cuenta.

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