El ingreso al Poder Ejecutivo es menos democrático que al Judicial

"Este tema de la permanencia y la historia de que nunca fueron removidos crea una idea aristocratizante del poder, con los amigos, los hijos, que puedan ingresar… Por eso presentamos esta ley", decía la Presidente en su discurso del pasado 18 de abril.

Uno de los principales argumentos que dio el oficialismo para impulsar los proyectos de democratización de la justicia fue la necesidad de abrir las puertas de la Justicia, muy encerrada sobre sí misma por ser como una gran familia a la que casi nadie de afuera podría ingresar.

Más allá de que desde la reforma constitucional de 1994 los jueces son elegidos por concurso, lo que posibilita que alguien sin contactos con el Poder Judicial pueda ingresar si demuestra las competencias necesarias, es cierto que no todos los funcionarios que les siguen en el escalafón pasan por semejante mecanismo de selección. Eso puede dar lugar a que, por ejemplo, padres faciliten el ingreso de sus hijos.

¿Pero cuáles son los criterios de selección de los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo? Un caso testigo es el de la Anses, uno de los organismos descentralizados de la Presidencia de la Nación.

Meses atrás, Luis D’Elía, dirigente social muy cercano al oficialismo, quedó envuelto en medio de una polémica luego de que se revelara que sus cinco hijos eran empleados de la Anses. Para defenderse de las acusaciones, el líder de MILES afirmó que sus hijos habían ingresado al ente en el marco de un convenio firmado con su organización.

Y precisó: "De los 13 mil agentes que tiene la Anses, ninguno entró por concurso en 30 años. ¿Por qué mis hijos tendrían que tener reglas distintas a las de los otros 13 mil?".

Un criterio de acceso tan discrecional, que no depende de las competencias que cada postulante demuestre, sino de la cercanía a determinados grupos u organizaciones que tienen vínculos con los gobiernos o con los organismos, no parece lo más justo y democrático.

Lo curioso es que contrasta con la reforma que el Poder Ejecutivo está impulsando en el Poder Judicial, especialmente con el proyecto de "ingreso democrático", que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados.

La norma establece que los aspirantes a un cargo administrativo en la Justicia rindan exámenes de ingreso. En caso de aprobarlos, pasarán a un bolillero de la Lotería Nacional que seleccionará al azar a las personas a medida que queden vacantes por cubrir.

Además habrá que rendir exámenes especiales para ser secretario o prosecretario.

¿Por qué no se implementa una ley semejante para el personal dependiente del Poder Ejecutivo? ¿El caso de la Anses es excepcional o es representativo del resto de la administración pública?

La selección de cuadros administrativos en el Poder Ejecutivo

Para responder a las preguntas planteadas, Infobae consultó a Guillermo Schweinheim, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública.

"En Argentina no existe una tradición de servicio civil como en los países del capitalismo avanzado, donde hay mecanismos de selección de la alta dirección pública basados en el mérito y la carrera. Pero no existe tampoco en el resto de América Latina, con la excepción parcial de Brasil, que también convive con designaciones de tipo política, y algunas experiencias en Chile y Perú", explica.

"Durante el gobierno de Carlos Menem –continúa– hubo ciertos avances con el sistema de concursos en las funciones administrativas, pero tuvo el problema de no haber sido una política consensuada con otros partidos políticos. Entonces, el sistema se cayó con el gobierno de la Alianza. Luego de la crisis de 2001, el mecanismo de excepción por el que se designan directores transitorios se hizo regla. Hace bastante tiempo que no hay un proceso sistemático de selección por vía de concursos, lo cual no es atribuible al actual gobierno, que en todo caso hizo poco para que esto cambie".

Se pueden identificar dos grande métodos de selección de los cuadros administrativos: la designación política y la técnica.

La primera es por adscripción, a dedo. Para acceder al cargo el postulante tiene que ser alguien de confianza del partido gobernante o de las autoridades de la dependencia, y no necesita probar sus conocimientos mediante prueba alguna.

"En la administración central ha habido una tendencia a hacer uso de los mecanismos de excepción, lo que llevó a cubrir los cargos por adscripción –dice Schweinheim–. Tenemos una tendencia muy fuerte, especialmente en los ministerios, a designaciones de carácter político, con algunas excepciones de funcionarios con continuidad en el tiempo en los ministerios de Trabajo y Educación".

La segunda tiene al ingreso por concurso como su principal ejemplo, aunque no es condición necesaria. Lo fundamental son los conocimientos y competencias que el aspirante a un cargo puede demostrar. Su cercanía al partido gobernante y a las autoridades es secundaria.

Si bien en Argentina y en casi toda América Latina prima el criterio político, el otro nunca está completamente ausente.

Schweinheim señala que en la administración pública hay algunos nichos en los que es muy fuerte el componente técnico en la selección del personal. Los principales casos son el Banco Central, el Banco Nación y la AFIP. También destaca la elección de Miguel Galuccio al frente de YPF como el ejemplo de alguien elegido por su experiencia profesional.

"Pero la idea de que en toda administración democrática debe haber personal directivo designado por criterios de confianza política es algo propio de la democracia, no es un problema en sí mismo. La pregunta es cuánto de lealtad partidaria se requiere, y cuanto de expertise técnica", afirma.

"La Constitución Argentina habla solamente de idoneidad para referirse a las condiciones que debe reunir alguien para ocupar un cargo público –continúa–. Es más laxa que las leyes brasileñas, por ejemplo, y en la medida en que los gremios han hecho convenios de trabajo para el sector público que incluyen la designación transitoria como criterio, contribuyeron a que se impusieran los criterios de excepción. No hay un incumplimiento de la ley, pero no hay vocación por transparentar el sistema".

¿Cómo se podría mejorar el nivel de la administración pública y hacer más justo el ingreso?

"Hasta hace unos años había un consenso generalizado entre los estudiosos de que la designación por criterios de profesionalización debía llegar hasta el cargo de director nacional, cualquiera fuera el área. Hoy ese consenso se ha perdido", concluye Schweinheim.

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