Moyano activa demandas en la Justicia por las obras sociales

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A Hugo Moyano y a sus rivales los unirá esta semana una misma persona: Liliana Beatriz Korenfeld, la funcionaria que tiene a cargo la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) y que administra el dinero de las obras sociales sindicales.

Desde la CGT, tanto los moyanistas como sus opositores reclaman hace dos años una millonaria deuda que la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE) y el Fondo Solidario de Redistribución mantienen con las prestadoras médicas de los gremios. Por ambos conceptos, los sindicatos consideran que el Estado les adeuda aproximadamente unos 14.000 millones de pesos.

La diferencia entre Moyano y sus disidentes quedará reflejada esta tarde. Mientras el jefe de los camioneros reunirá a su tropa en la CGT con la intención de activar una demanda judicial para exigir el pago de la deuda, sus rivales apuestan al diálogo y confían en ser recibidos esta semana por la superintendenta Korenfeld.

En la sede de Azopardo, se encontrarán hoy las principales autoridades de las obras sociales de la central moyanista. Cada dirigente expondrá la situación de su entidad y las dificultades económicas que tienen.

Al gremio de los camioneros el Estado le adeudaría algo más de $ 300 millones por atrasos en los reintegros de la APE. Moyano ya consideró agotada la vía administrativa para exigir esos pagos y quiere empujar a sus aliados a un reclamo en conjunto. Eso es lo que se debatirá.

"No hacen los pagos por reintegros. Estamos desfinanciados", se quejó un moyanista que dio como un hecho "la judicialización" del tema.

Distinta será la estrategia de los gremios aliados a la Casa Rosada. La superintendenta Korenfeld fue intimada por la presidenta Cristina Kirchner para recibir a los principales dirigentes que el 3 de octubre conformarán otra CGT, radicalmente opositora a Moyano.

Korenfeld ya mantuvo encuentros en su despacho del tercer piso de la SSS con Antonio Caló, el candidato a liderar la central, y con los dirigentes estatales Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. Según fuentes gremiales, la funcionaria se comprometió a regularizar los pagos de este año y a negociar un mecanismo de pago de "la deuda residual", correspondiente al año pasado.

De los 2000 millones de pesos de deuda que reconoce la APE, Korenfeld ofrecerá un pago del 17% (unos 340 millones) para anular el total del pasivo. La propuesta fue elaborada entre ella y el director del PAMI, Luciano Di Césare, aunque todavía quedan cabos por atar, ya que no todos los gremios aceptarán esta cifra.

Desde la reciente disolución de la APE, la Superintendencia tomó su presupuesto anual de 1500 millones de pesos (con posibilidad de ampliarlo a 2000) y se hizo cargo de cubrir los gastos de tratamientos médicos de alta complejidad que prestan las obras sociales sindicales.

Con respecto a estos tratamientos, los gremialistas Rodríguez y Lingeri acercaron una propuesta cuando aún existía la APE. En su momento, propusieron que se empadronara a los enfermos crónicos y que el subsidio estatal fuera directamente al afiliado, sin necesidad de que la obra social administre el dinero. Aún aguardan una respuesta.

Desde los gremios existe un unánime malestar por los atrasos de los reintegros de la APE. No hay dirigente que no critique la lentitud de los trámites y las fallas del sistema informático del organismo.

La APE supo estar colonizada por hombres que respondían a Moyano. Pero tras los avances de la investigación de la causa denominada "mafia de los medicamentos" y por la pelea del líder sindical con el Gobierno, Cristina Kirchner decidió removerlos y ubicó allí a Korenfeld, una kirchnerista de la primera hora.

La gestión de los moyanistas en la APE quedó bajo sospecha después de los críticos informes de la Auditoría General de la Nación y de la ONG Contadores Forenses, que advirtieron sobre la falta de transparencia.

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