Moreno omitió a su casa y a su mujer en la declaración patrimonial

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"No suele acompañarme mi esposa, pero hoy le pedí que me acompañe, ahí está. Se supone que a esta hora deben estar caceroleando en mi casa". Esa fue la declaración de Guillermo Moreno que precedió a su enérgico insulto por el cacerolazo que sufrió en la puerta de su edificio. El secretario de Comercio Interior se refirió en público a "su casa" pero no la incluyó en su última declaración jurada. Tampoco informó sobre Marta Cascales, a la que llamó su "esposa", en el apartado correspondiente al "cónyugue o conviviente", tal como exige la ley de ética pública.

Aunque no está casada con Moreno, Cascales vive con el funcionario en la planta baja de un antiguo edificio de la calle Salta, en el barrio de Constitución. Al menos cuatro vecinos confirmaron a LA NACION que la pareja hizo una importante remodelación el año pasado, que incluyó la demolición de una pared para unir dos departamentos contiguos, y que celebró las últimas fiestas en ese inmueble.

El propio funcionario dio cuenta de esta situación el pasado miércoles, durante un acto público en Vicente López que fue registrado por las cámaras. En su última declaración jurada, correspondiente al 2011, no obstante, el subsecretario no reflejó la situación de su vivienda. Tampoco declaró la actividad privada de su conviviente, tal como lo requiere la Ley N° 25.188 de ética de la función pública.

La omisión de Cascales cobra mayor importancia ya que no se trata de un ama de casa sino de una importante escribana que fue directiva de sociedades con participación estatal.

"El formulario de la OA incluye el ítem del conviviente porque es una de las formas con las que se puede eludir o tercerizar la propiedad de un bien", explicaron a LA NACION desde la Unidad de Control y Seguimiento de DDJJ de la Oficina Anticorrupción (OA).

Amado Boudou, por ejemplo, incluyó en su última declaración patrimonial a su pareja, Agustina Kampfer y debió detallar sus cuentas.

En todas las declaraciones juradas del 2003 hacia acá, Guillermo Moreno consignó que está divorciado y en el apartado que solicita "datos del conyugue o conviviente e hijos menores no emancipados" señaló: "No tengo familiares para declarar". Según su lista de bienes personales de 2011, no tiene inmuebles a su nombre: Moreno tiene un furgón, pero no casa propia.

Según define la Oficina Anticorrupción, a cargo de recibir y auditar el patrimonio de los funcionarios, "la declaración Jurada Patrimonial es el documento que contiene la totalidad de los datos personales y patrimoniales de carácter público de los funcionarios públicos, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados".

Desde la OA advirtieron que "aunque no existe una definición legal, se considera que conviviente es la persona que vive en aparente matrimonio con la persona, lo que implica un ritmo de vida en común". "La OA le exige al funcionario declarar bajo juramento, y pone bajo su buena fe estas cuestiones. Si hay alguna cuestión fáctica que demuestra que una convivencia fue omitida, esta oficina puede pedir explicaciones", agregaron desde la dependencia.

Los vecinos aseguraron que durante el año pasado Moreno y Cascales hicieron una importante refacción en el edificio antiguo de la calle Salta, una zona modesta en comparación con otros barrios que los funcionarios eligen para vivir. "Unificaron los dos departamentos de la planta baja e hicieron importantes instalaciones en el jardín, incluida una pileta", describió una de las personas al tanto de la reforma. Otro de los vecinos de la cuadra aseguró que celebraron allí la última Navidad.

Según el artículo 6º de la Ley de ética Pública, además de los bienes muebles e inmuebles de la pareja, el funcionario debe declarar "los ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales". Sin ocupar un cargo público, como escribana Cascales desarrolló su actividad con nexos constantes con funcionarios.

Escribana y accionista

Hasta el 15 de junio, cuando consignaron su desvinculación en su página web, la mujer de Moreno fue socia de Alejandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, en la consultora Fonres SA. Se trata de una firma que brinda asesoramiento en responsabilidad empresaria y ofrece fondos de inversión: la sociedad fue tan prolífera que lanzó su revista mensual y un programa de televisión denominado "40 minutos de RSE", que se emite por América 24 los domingos.

En diciembre de 2004, Cascales participó del paquete accionario de Energía Argentina SA (Enarsa) donde De Vido fue inscripto como representante del Estado Nacional. La esposa de Moreno, además de figurar como directiva, convalidó como escribana el estatuto social de la empresa.

Lo mismo ocurrió con la AR-SAT, una empresa de soluciones Satelitales creada en 2006, que contó con De Vido y la por entonces ministra de Economía, Felisa Miceli como directivos. Cascales fue anotada como directora suplente y fue la escribana que inscribió la sociedad.

Cascales obtuvo notoriedad pública en julio de 2008 cuando fue denunciada por lesiones por haber golpeado presuntamente a una comensal de un restaurante de Monserrat, en donde pasaba la velada con Moreno. También fue noticia el año pasado, cuando trascendió que en 2003 había actuado como escribana en la conformación de Meldorek, la empresa creada por dos jubiladas que luego pasó a manos de Sergio Schoklender y que quedó en el centro de la mira judicial.

La investigación

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Moreno se declaró ante la OA con un patrimonio de 33 mil pesos. Hoy cuenta con bienes por casi $1 millón. Por omisiones en su declaración jurada, el secretario fue denunciado ante la Justicia por enriquecimiento ilícito en 2007. El funcionario no había informado de una sociedad registrada a su nombre y al de otra mujer de apellido Cascales, y de nombre, Liliana Noemí. Se trata de AFFA SA una consultora de fondos de inversión creada en el 2003.

Aunque en esa causa el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de La Madrid dictó un sobreseimiento, tras un recurso que presentó el ex procurador general Esteban Righi, en mayo de este año la Corte Suprema pidió la reapertura de la investigación.

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