Más de la mitad de las provincias, con rojo en sus cuentas

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Por falta de fondos propios, por trabas impuestas desde la Nación para endeudarse, porque deben pagar salarios con aumentos, porque la obra pública está frenada, por deudas con proveedores, por déficit antiguos que se abultan. Las combinaciones varían, pero resultan en un cuadro unívoco: más de la mitad de las provincias tienen sus cuentas en rojo y corren serio riesgo de cerrar el peor año financiero de la era cristinista.

El fenómeno resulta llamativo por dos motivos: en primer lugar, porque la mayoría de los distritos con rojo en sus cuentas son kirchneristas y, por otra parte, hay que considerar que en los últimos días la Presidenta cuestionó a los gobernadores que manejan mal sus distritos y no dio señales de emitir ayuda alguna desde la Nación.

"Si los recursos no son bien administrados en las provincias, pasa lo que les pasa a algunos. Hay que aprovechar los beneficios de un proyecto nacional y popular, y gestionar las 24 horas del día. Necesitamos que los responsables de las administraciones provinciales nos acompañen con gestión", indicó la Presidenta, durante un acto en San Juan.

Al tope del ranking de provincias con problemas de caja, aparece Buenos Aires. Daniel Scioli sabe que la pesadilla de no tener con qué pagar aguinaldos, y depender del humor de la Casa Rosada para poder hacerlo, podría repetirse. El déficit fiscal del primer semestre supera, y por mucho, lo presupuestado (acumula más de 8000 millones de pesos y podría cerrar el año en $ 14.000 millones, frente a los $ 6600 millones previstos).

Mientras espera que el Gobierno se apiade de su situación, Scioli tiene más de una urgencia que atender. La administración provincial acumula atrasos en pagos a proveedores de comedores y de insumos para hospitales, además de demoras en el pago de planes sociales, becas y subsidios. Las esperanzas están ahora cifradas en conseguir fondos frescos a través de la caza de evasores vía inspecciones en countries, barrios cerrados, y entre dueños de autos y embarcaciones de alta gama.

El mendocino Francisco "Paco" Pérez se cuenta entre los gobernadores más cristinistas. "No podemos gobernar solos. No puede haber proyectos provinciales fuera de proyectos nacionales como el que conduce Cristina", dijo el día en el que se convirtió en gobernador de Mendoza. La frase no podría haberse vuelto más crudamente real. Recién esta semana logró que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le autorizara créditos del Banco Macro por 300 millones de pesos anunciados hace meses. Es que por la ley de responsabilidad fiscal a la que adhirieron todas las provincias, menos San Luis y La Pampa -Buenos Aires la abandonó en 2005-, si una provincia decide tomar crédito o emitir deuda, necesita, además de autorización de la Legislatura local, el aval del Ministerio de Economía (y del Banco Central si se trata de dólares). De poco parece haberle servido a Pérez haber picado en punta entre los que pidieron la re-reelección de Cristina Kirchner. Todavía espera que el Banco Nación le libere otros $ 200 millones congelados por decisión de la Casa Rosada.

La provincia, que destina el 92 por ciento de su presupuesto a pagar salarios, acumula un déficit de $ 1500 millones que, según calculan oficialistas y opositores, llegaría al doble a fin de año. Sufre, además, el freno de la obra pública que se digita desde Buenos Aires y apila deudas con proveedores.

También en Jujuy la suspensión de la obra pública y la presión de los estatales explican buena parte de la crisis, junto con la previsión de que el año cerrará con $ 300 millones de déficit.

Para captar la situación de Neuquén, agravada en las últimas semanas por cortes de ruta y marchas de estatales, basta con detenerse en las palabras del gobernador Jorge Sapag, que la semana pasada expuso sus urgencias sin tapujos. "No tengo dinero para dar aumentos. El déficit es de 1000 millones de pesos porque las regalías hidrocarburíferas cayeron un 30%. ¿Qué quieren? ¿Provocar un golpe de Estado?", les enrostró a los empleados públicos. Descartó incluso que la situación pueda mejorar en el corto plazo. "No vamos a discutir salarios porque estamos juntando los recursos para pagar los aguinaldos de enero", admitió.

Permiso en espera

Otro que lidia con la fuerte demanda del sector público es el kirchnerista Martín Buzzi. Igual que Mendoza, Chubut aguarda el permiso de Lorenzino para endeudarse. Tiene un déficit de $ 1000 millones.

El socialista santafecino Antonio Bonfatti y la fueguina Fabiana Ríos buscan fondos frescos, vía presión impositiva. El socialista logró aprobar, desempate de su vicegobernador mediante, subas en los impuestos inmobiliario rural y urbano, y la quita de la exención en ingresos brutos a varios sectores. Espera recaudar $ 150 millones. Ríos se ilusiona con una ofrenda similar, aunque la discusión todavía no llegó a la Legislatura y se avizora complicada. Necesita fondos para pagar aumentos y apuesta a conseguirlos con una suba en ingresos brutos y gravando a sectores hasta hoy exentos o con cargas mínimas, como la construcción y el campo. Prevé recaudar $ 360 millones y paliar así el déficit fiscal que, según un informe de Economía y Regiones (E&R) al que accedió LA NACION, pasó de 39 a 65 millones de pesos entre el primer semestre de 2011 y el mismo período de este año.

En el mismo informe, la ciudad de Buenos Aires figura entre los distritos que más aumentaron su déficit en el último año. El rojo fiscal en la administración de Mauricio Macri aumentó un 482 por ciento: pasó de 112 en el primer semestre de 2011 a 652 millones al 31 de julio de este año.

Otro dato elocuente del relevamiento de E&R, realizado a partir de datos de las provincias y del Ministerio de Economía, es el que refleja la subejecución presupuestaria en materia de envío de fondos nacionales a las provincias. Hasta el 31 de julio se transfirieron $ 2720 millones del Programa de Financiamiento a las Provincias, un 18 por ciento del total de la partida.

También al tucumano José Alperovich lo persigue el fantasma del aguinaldo. La Legislatura lo autorizó a endeudarse con bancos privados por $ 400 millones. De todas formas, guarda la esperanza de no tener que gastarlos. No todavía, al menos. "Vamos a ir viendo, pero estamos tratando de que no", dijo la semana pasada.

Mucho más urgido está Daniel Peralta que, decididamente enfrentado con la Casa Rosada, depende de que la Legislatura de Santa Cruz apruebe deuda por US$ 200 millones. Como pasó hace dos semanas, el suspenso promete durar hasta fin de mes.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck necesita $ 200 millones para pagar aumentos y arrastra una deuda con proveedores por $ 190 millones.

Con la colaboración de nuestros corresponsales

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