La Justicia investiga la millonaria refacción de una oficina de Transporte

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La Justicia puso bajo la lupa la millonaria refacción de una oficina de la Secretaría de Transporte realizada por la hermana de una funcionaria. El fiscal Carlos Stornelli comenzó una investigación preliminar para determinar la responsabilidad de los funcionarios en los cuatro concursos de precios para comprar muebles de diseño y sillas de estilo italiano para equipar la dependencia pública.

Según fuentes judiciales, el fiscal ya empezó a tomar declaraciones testimoniales para determinar la existencia de irregularidades en los procesos que fueran reveladas por LA NACION, como falsificación de firmas y sobreprecios en las contrataciones, entre otras.

Nora Turco, coordinadora de Planificación del Transporte Urbano en el Area Metropolitana (Platamba), le dio la refacción de la oficina a su hermana. Mediante las empresas Tecno y Zanotta Sudamericana, Leonor Turco se desempeñó como jefa de la obra que superó los $ 2,5 millones.

La funcionaria ya había sido imputada en la causa por irregularidades en el control de la SUBE junto al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, entre otros. Nora Turco integró el comité de evaluación que recomendó contratar una oferta $ 10 millones más cara, que luego se descubrió que contaba con empleados fantasma.

En la refacción de las oficinas, la Secretaría de Transporte invitó a cuatro empresas para que compitieran con Tecno, la firma que ganó los concursos. Ninguna de sus competidoras estaba inscriptas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. Dos de las sociedades no existían. Sólo la que ganó fabricaba el mobiliario que especificaban los pliegos.

Los representantes de las empresas que compitieron con Tecno denunciaron ante LA NACION que las firmas que aparecen en el expedientes fueron falsificadas. Pese a los testimonios, la Secretaría de Transporte permanece en silencio. Desde el Banco Mundial se limitaron a decir que las obras financiadas por el organismo no habían sido incluidas en el plan estipulado con el Estado.

La Justicia también intentará determinar las responsabilidades del Banco Mundial, organismo que financió las obras. El gerente del préstamo Ptuba era Andrés Pizarro, el consultor chileno que también estuvo a cargo de los fondos con los que se pagó la supervisión de la tarjeta SUBE.

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