En Inglaterra también investigan a la firma que controla la SUBE

LONDRES.- Las autoridades británicas posaron la lupa sobre Global Infrastructure (GI), la empresa que encabeza el control de la tarjeta SUBE. Como consecuencia de las notas publicadas por LA NACION, desde Companies House , registro oficial de corporaciones de Inglaterra, informaron que la empresa quedó bajo proceso de investigación.

Según pudo saber este medio, la empresa británica omitió informar a las autoridades locales sobre sus contratos por $ 65 millones con la Secretaría de Transporte. Ese motivo, sumado a otras irregularidades administrativas, motivaron la investigación por parte del gobierno británico.

GI no tiene oficinas en Buenos Aires. En su supuesta casa matriz, en un pueblo inglés, funciona una peluquería. Nadie sabe dónde trabajan sus empleados extranjeros ni a qué se dedican, pero cobran en dólares.

La empresa británica encabezó el consorcio integrado por ex asesores de Transporte que ganaron la licitación para controlar la SUBE, pese a que la consultora internacional PWC realizó una oferta $ 10 millones más económica por el trabajo. El concurso público quedó esta semana en la mira de la Justicia en la Argentina, que investiga supuestas irregularidades en la asignación del contrato de $ 65 millones.

El derrotero de GI en Inglaterra despierta misterio. La compañía todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado: fue inscripta el 22 de junio de 2009 en Companies House, entidad que reporta a la Secretaria de Estado para el Comercio y la Industria británica. Se registró con el domicilio 78 York Street, de Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina.

Meses después, GI informó su cambio de domicilio a Bicester, una localidad inglesa de 29.000 habitantes. LA NACION reveló que en la fachada principal de Claremont House , su dirección en el pueblo, funciona una peluquería. En el contrafrente opera un estudio de contadores que se encarga de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la empresa que controla el funcionamiento de la SUBE.

Stephen Chandler, dueño de GI, es el máximo responsable de controlar la SUBE. El consultor británico, que pronuncia pocas palabras en español, cobra 40.000 dólares mensuales como "jefe de proyecto"; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato.

Algunas omisiones llamaron la atención de las autoridades británicas. Chandler registró a GI con "cuenta durmiente" (dormant account). "Ese status sólo se puede utilizar cuando la compañía está literalmente «durmiente», es decir que no opera para nada o lo hace por montos muy pequeños", explicó a LA NACION Neil White, vocero de Companies House. Y señaló que, por sus contratos de $ 65 millones con la Secretaría de Transporte de la Argentina, quedó "inmediatamente" bajo investigación. "Ciertamente no entra dentro del criterio de una cuenta durmiente", agregó.

La rapidez de las autoridades británicas está vinculada a que la firma ya se encuentra en infracción por no haber cumplido con la entrega de sus cuentas anuales que deberían haber sido presentadas el 31 de marzo. Hace dos meses, Companies House envió una carta documento alertándola de los costos y riesgos de la demora. Por el momento pagará multas de 1125 dólares; pero puede aumentar hasta los 2250 dólares si no regulariza su situación en los próximos seis meses. Pasado ese plazo, la compañía será retirada del registro, sus bienes confiscados y sus directivos serán pasibles de sufrir sanciones penales que incluyen la prisión.

La empresa británica, que cuenta con un capital formal de 100 libras esterlinas, tampoco dio cuenta aquí de la apertura de sucursales en el exterior. El 15 de octubre de 2010, Global Infraestructure Group fue inscripta en la Argentina. En ese entonces, la licitación para supervisar la SUBE ya estaba en su última etapa.

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Problemas con la Oyster

La participación de la Chandler en la Oyster card, el boleto electrónico que se utiliza en el transporte de Londres, fue determinante para la Secretaría de Transporte. Los funcionarios tomaron ese antecedente del "jefe de proyecto" para asignarle la máxima responsabilidad en el control de la SUBE.

El consultor inglés de 58 años trabajó como representante en el Reino Unido de la firma norteamericana Electronic Data System (EDS), accionista del consorcio TranSys que operó en la primera fase en la introducción de la Oyster en el Underground.

El contrato de TranSys con la empresa pública a cargo del transporte, Transport for London (TfL) fue cancelado abruptamente en agosto de 2008. La razón oficial de la ruptura del contrato suscripto en 1998 y que debía extenderse hasta 2015 fue que, al costarle al Estado 150 millones de dólares anuales, se había probado no ser un "costo efectivo".

En los medios ingleses, en cambio, se hizo referencia a múltiples inconvenientes sufridos por los usuarios a raíz de problemas técnicos así como a un escándalo provocado por dos estudiantes universitarios holandeses que lograron hackear el sistema.

Tras las negociaciones, TranSys continuó operando la venta de boletos electrónicos hasta agosto de 2010 cuando la TfL se hizo cargo total del servicio adquiriendo incluso la propiedad intelectual de la marca Oyster que el consorcio todavía detentaba.

iruiz@lanacion.com.ar

@iruiz

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