Impiden que la oposición controle la ley de medios

Hace tres años que se aprobó la ley de medios y, sin embargo, el Gobierno la aplica sin control político alguno. La oposición denuncia que el oficialismo bloquea en forma intencional su ingreso a la comisión bicameral legislativa encargada de seguir su instrumentación y al directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), órgano de aplicación de la norma. Sostiene que el propósito es monopolizar la toma de decisiones sobre el futuro de los medios, y cerrarle el paso para evitar un mayor control y mecanismos de transparencia.

Pero el problema se ha agravado particularmente en las últimas semanas, porque el oficialismo ha comenzado a tomar por su cuenta medidas cruciales en el ámbito de los medios, aprovechando la ausencia de opositores.

Prueba de ello, advierten legisladores de la oposición, son las últimas resoluciones que emitió la Afsca con la sola firma de sus miembros oficialistas. En ellas no sólo se dejó sin efecto, por falta de interesados, el concurso público lanzado el año pasado, a través del cual buscaba instalar 220 canales de televisión en todo el país.

También se ordenó crear una Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación a la ley 26.522 (de medios), integrada sólo por representantes del kirchnerismo.

Esa comisión tiene como objetivo detectar aquellas empresas de comunicación que se encuentran en "infracción" por no cumplir con el artículo 161 de la ley de medios, la columna vertebral de la norma que pergeñó el kirchnerismo.

Es el artículo que obliga a los grupos mediáticos a desprenderse en el plazo de un año de las empresas que excedan el límite impuesto por la norma, el arma con la que el Gobierno pretende desarticular al Grupo Clarín, su declarado enemigo mediático.

Hasta ahora, este artículo nunca se hizo efectivo debido a las medidas de amparo que interpuso el Grupo Clarín ante la Justicia. La Corte Suprema, en un reciente fallo, instó a la Justicia a que antes del 7 de diciembre resuelva sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la constitucionalidad o no del polémico artículo 161. El Gobierno consideró este fallo como un triunfo y descuenta que a partir de diciembre podrá exigir al Grupo Clarín la desinversión de sus empresas.

Sin embargo, el jueves último la Afsca envió notificaciones a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión, todas del Grupo Clarín, para solicitarle información detallada sobre accionistas, servicios prestados, grilla de contenidos, estructura y datos técnicos de las redes o plantas transmisoras, cantidad de clientes, montos facturados y competidores, entre otros.

"Estas intimaciones deben suspenderse hasta tanto se integre a la oposición al organismo", reclamó la ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados Silvana Giudici.

La dirigente radical también señaló que "crear una comisión ad hoc va en contra de la ley de medios porque no respeta la proporcionalidad de integración que allí se exige.Funcionará en la órbita del coordinador general elegido a dedo. Una absoluta truchada que se suma a la decisión de proscribir a la oposición de la Afsca y RTA".

Ante esta situación, legisladores de la UCR y del Frente Amplio Progresista (FAP) presentarían en los próximos días un amparo ante la Justicia para reclamar los lugares que les corresponden como representantes de la oposición tanto en la comisión legislativa de contralor como en los directorios de la Afsca y de Radio y Televisión Argentina (RTA), actualmente integrados sólo por oficialistas.

"Hasta el cansancio hemos enviado notas al oficialismo para que la comisión bicameral de control que fija la ley se integre. Hasta ahora sólo se reunió una sola vez, en diciembre de 2009", reprochó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, quien confirmó que su partido evalúa una demanda judicial.

El pedido de amparo podría presentarse junto con el FAP, anticipó a LA NACION la diputada Margarita Stolbizer (GEN). "Es evidente que el Gobierno nos margina para tomar las decisiones de manera discrecional. Para hacer lo que quieran", asestó.

La comisión bicameral tiene como misión, además de controlar cómo se aplica la ley de medios -una actividad por demás sensible y de interés estratégico para el Gobierno-, la de designar los representantes oficialistas y opositores del Congreso en los directorios de la Afsca y de RTA. El oficialismo envió los suyos, pero al no conformar la bicameral, inhibe la designación de los miembros opositores.

"En realidad, la culpa es de la oposición. Durante los dos años que ejerció la mayoría legislativa en el Congreso evitó reunir la comisión. Nosotros sólo llevamos un semestre en falta", señaló a LA NACION el jefe del bloque de diputados oficialistas Agustín Rossi, quien aseveró que en las próximas semanas la comisión bicameral quedará debidamente integrada.

La Afsca debería estar integrada, según la ley, por un directorio de siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo; tres directores nombrados por la comisión bicameral parlamentaria de seguimiento de la ley, uno por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría, y dos directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Sin embargo, como hasta ahora la comisión bicameral no se conformó, la Afsca hoy está integrada sólo por cuatro miembros oficialistas.

La comisión bicameral, que tiene como misión controlar el cumplimiento de la ley, debería estar integrada por ocho diputados y ocho senadores oficialistas y opositores, pero la comisión no se reúne desde diciembre de 2009.

Los engranajes de una propuesta controvertida

LA AFSCA

La autoridad de aplicación

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) debe aplicar y hacer cumplir la ley. Como la comisión bicameral aún no se conformó, el actual directorio está integrado sólo por oficialistas.

LA COMISIÓN BICAMERAL

Ausencia de controles

La comisión parlamentaria que no está conformada debería estar integrada por ocho diputados y ocho senadores oficialistas y opositores. Pero la comisión no se reúne desde diciembre de 2009.

CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN

Política pública

Su objetivo es colaborar y asesorar al Afsca en el diseño de la política pública de comunicación. Está integrado por 38 miembros (entre ellos, un representante de cada provincia) y se desempeñan de manera honoraria.

Problemas irresueltos

Desinversión. El 7 de diciembre vence el plazo que beneficia al Grupo Clarín. Aunque para el resto de los holding de medios ese plazo está vencido, la Afsca no tomó ninguna decisión.

Nuevos medios. El plan para crear 220 nuevos canales de TV quedó "sin efecto" por falta de interesados. Este mes, se lanzó un concrurso para crear 687 FM en diez provincias.

La distribución. No se avanzó en la entrega del 33% de las licencias a medios sin fines de lucro. Falta un plan técnico que verifique la disponibilidad de espectro radioeléctrico.

Participación extranjera. La prohibición del control extranjero sobre los medios es inaplicable porque un acuerdo con EE.UU. da a las firmas radicadas en ese país un tratamiento idéntico al de las empresas locales.

Control parlamentario. Ningún organismo de aplicación tiene presencia de la oposición, tal como prevé la norma. El directorio de la Afsca tampoco envió al Congreso los informes dispuestos por la norma.

Espacio publicitario. La advertencia de comienzo y fin de la pauta fue una de la primeras evidencias de la ley, pero parecen irrelevantes si se observa la carga de avisos dentro de los programas.

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