El Gobierno oficializó la intervención de Ciccone por los próximos dos meses

Además de la intervención transitoria, el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1338/2012 establece la remisión al Congreso de un proyecto de ley para declarar a la Compañía de Valores Sudamericana S.A –conocida como la ex Ciccone- “de utilidad pública y sujeta a expropiación”.

De acuerdo al decreto, “la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los DNU así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles”.

En caso de que eso no suceda, el Ejecutivo aclara que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé incluso que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, “las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”.

Para asegurar “el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se proponen a través del referido proyecto de ley –añade el decreto publicado en el Boletín Oficial- resulta imperioso disponer la intervención transitoria de la compañía por un plazo de 60 días con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio”.

Para tal fin, la presidente Cristina Kirchner resolvió que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, ocupe el cargo de interventor, mientras que la titular de Casa de Moneda, Katya Daura, sea la subinterventora.

La medida, anticipada ayer a través de un comunicado del Palacio de Hacienda, generó una reacción dispar entre la oposición. La UCR celebró la decisión del Gobierno sobre la ex Ciccone, pero advirtió que debe verse la "letra chica". "Pino" Solanas pidió que la causa judicial sea "independiente" de la iniciativa. Críticas del GEN y el PJ Federal

Con la intervención y posterior expropiación, Alejandro Vandenbroele, señalado por sus nexos con el vicepresidente Amado Boudou, perderá el control de la imprenta y sólo podrá exigir una indemnización de acuerdo a su participación accionaria y a lo que finalmente evalúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

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