El Gobierno debió enviar la Gendarmería a Santa Cruz

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A contramano del anuncio que hizo tras la toma del yacimiento de Cerro Dragón, en Chubut, cuando advirtió que dejaría de enviar fuerzas de seguridad federales a las provincias con problemas, la presidenta Cristina Kirchner ordenó ayer la movilización de efectivos nacionales a Santa Cruz después de 17 días de huelga policial .

Ante el temor a un agravamiento de la situación , la jefa del Estado dejó la orden antes de partir a Bolivia, donde participa de una visita oficial. Con una tirante y cada vez más lejana relación con el gobernador Daniel Peralta, Cristina Kirchner terminó finalmente por disponer el desplazamiento de fuerzas nacionales ante la gravedad del conflicto que tiene a la policía provincial en huelga por reclamos salariales.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó anoche a la provincia para ponerse al frente del operativo de emergencia. El funcionario quedó así, de hecho, a cargo de la seguridad de la provincia. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la Casa Rosada dispuso que se movilicen unos 1500 efectivos entre personal de Gendarmería y de Prefectura, una cifra muy superior a la que se había hecho trascender durante todo el día, tanto Santa Cruz como en la Capital. Una parte importante de los efectivos ya estaba cumpliendo tareas en Santa Cruz, y sólo se dispuso la reasignación de nuevos roles para mantener el orden público ante el vacío policial. Pero otro grupo viajó desde la Capital. Además se sumaron gendarmes de otras zonas del país, como La Pampa. El Gobierno no informó oficialmente el número total de personal afectado a Santa Cruz.

"Estamos en una situación de emergencia con alteración del orden público", argumentó un funcionario del gabinete nacional para justificar el cambio de rumbo.

Tras la toma del yacimiento de Cerro Dragón por parte de una agrupación de trabajadores de la construcción por conflictos salariales, la Presidenta había anunciado en un acto en la Casa Rosada que no enviaría más fuerzas nacionales ante requerimientos provinciales.

Incluso la jefa del Estado había desafiado a la Justicia al decir que, si un magistrado reclamaba el envío de personal a la Casa Rosada, debería procesarla a ella misma por desobediencia.

Pero la complicada situación en la propia provincia de la Presidenta terminó por dar vuelta la decisión inicial. Cristina Kirchner, que mantiene una relación tensa con el gobernador santacruceño, temió que se desbordara el conflicto después de que hubo ciudades que quedaron sin un solo policía en las calles.

La prioridad es controlar la situación en Río Gallegos y Caleta Olivia, las dos ciudades más grandes. Las fuerzas federales estaban llegando esta madrugada para comenzar con el patrullaje de las zonas más pobladas.

En medio de la tensa relación de la Presidenta con Peralta, ayer hubo una confusa política comunicacional de la Casa Rosada. Primero trascendió el pedido del mandatario provincial para que el gobierno nacional lo asistiera. Pero la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sacó un comunicado poco antes del mediodía para desmentir al gobernador.

"Ante informaciones que dan cuenta de un requerimiento de fuerzas de seguridad federales por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de Seguridad informa que no ha recibido ninguna solicitud en tal sentido", sostuvo Garré en el primer parte de prensa. Dos horas después ratificó su propia información. Todo, en apenas un párrafo.

Allí se explicó que Peralta había enviado una carta a la cartera que conduce Garré para solicitar efectivos de seguridad. El gobernador se amparó en la ley de seguridad interior para hacer el pedido.

Los artículos 23 y 24 de la norma establecen que el envío de fuerzas federales sólo será contemplado para los casos en los que estén en "peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada", cuando estén "gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales" o en "situación de desastre".

El envío de la nota por parte de Peralta fue consensuado previamente con el gobierno nacional, según confió un funcionario a LA NACION. De hecho, tras el anuncio que había hecho Cristina Kirchner de resistir cualquier envío de fuerzas ante conflictos provinciales, la Casa Rosada necesitaba ampararse en estos dos artículos para poder avanzar.

Peralta intentó disimular estos desacoples al decir que él había enviado por mail una notificación a Garré con el pedido de fuerzas nacionales, y que después le encargó al ministro de Economía, Ariel Ivovich, que le llevara una carta en mano.

El Gobierno nunca anunció oficialmente la cantidad de personal dispuesto para controlar la crisis en la provincia.

La relación de la Presidenta y Peralta está cada vez más complicada. Fuentes de la Casa Rosada contaron que el diálogo entre ambos es escaso. Cristina Kirchner también frenó el envío de fondos nacionales a la provincia. Santa Cruz enfrenta no sólo el acuartelamiento policial, sino también una situación financiera crítica y paros constantes en el sistema de salud.

Pasó inadvertido en medio de la disputa política entre la jefa del Estado y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Pero el mismo día en que Cristina retó por cadena nacional al mandatario, también se quejó de que se habían esfumado los famosos fondos de las regalías petroleras que el ex presidente Néstor Kirchner había sacado del país. Fue una velada crítica a Peralta.

En la Casa Rosada crecía anoche la presión al gobernador para que determinara una fuerte sanción a los policías acuartelados.

Contradicciones del discurso oficial

El 26 de junio pasado, la Presidenta anunció que la Gendarmería no intervendría más en conflictos provinciales

"No vamos a someter más a la Gendarmería a situaciones que deben ser responsabilidad de los gobiernos provinciales"

"Les digo también a los jueces que van a tener que procesarme a mí porque no voy a permitir que ningún gendarme salga más"

"Las fuerzas federales custodian los bienes federales; cada gobernador debe cuidar lo suyo"

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