El Gobierno rechazó el petitorio de las fuerzas y habló de "desquicio administrativo"

El jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, brindaron una conferencia de prensa donde reconocieron "un desquicio administrativo" en la Gendarmería y en la Prefectura, al cual se buscó darle una solución con el decreto presidencial 1.307 que derivó en las protestas de la semana pasada. Además anunciaron que no pagarán el salario mínimo de $7 mil que solicitaron los efectivos en un petitorio.

"En relación al haber básico, es imposible hablar de $7 mil. En ninguna área del sector público se pagan básicos de esa naturaleza e incluso dudo que eso ocurra en el sector privado", señaló el jefe de Gabinete.

Además, Abal Medina adelantó que esta mañana denunciaron ante la Justicia una asociación ilícita entre "estudios de abogados" y "algunos juzgados puntuales" que a través de "medidas cautelares de dudosa naturaleza" beneficiaron a ciertos efectivos otorgándoles salarios muy altos. 

"Las cautelares eran tomadas por jueces de familia, claramente incompetentes, que dictaban la medida, la notificaban y luego se declaraban incompetentes. Al revisar estos datos, creemos que hay cautelares que iban por autopista y el levantamiento de las mismas iban por caminos de tierra", ejemplificó el jefe de ministros. 

Abal Medina aseguró que el decreto 1.307 garantiza el pago de salarios, con la mayoría de sus componentes remunerativos, y garantizó que el próximo mes ningún efectivo verá reducido su sueldo. 

"Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes", declaró Abal Medina. 

En la rueda de prensa, que compartió con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el jefe de ministros aseguró que la mayoría de los efectivos verá "mejorada su situación" salarial, "no sólo por aumentos", sino también porque las cifras serán remunerativas.

El anuncio del Gobierno surge en el día en que prefectos y gendarmes esperaban una respuesta del Ministerio de Seguridad al petitorio entregado la semana pasada en una reunión con el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni.

"El 70% del personal de Gendarmería y el 60% de Prefectura tenían sus haberes judicializados", aseguró al señalar que buena parte de los montos que percibían estaban compuestos por suplementos que no eran remunerativos ni bonificables.  

Lorenzino, por su parte, dio precisiones sobre las acusaciones que hizo Abal Medina y aseguró: “Tenemos los elementos que nos van a permitir avanzar en la aplicación del decreto y terminar este desquicio administrativo que tiene una lógica de connivencia de algunos abogados, jueces y elementos de las fuerzas”. 

El ministro de Economía expuso sobre las condiciones que, en la década de 1990, dieron lugar a que la composición salarial de esas fuerzas esté atravesada por una serie de descuentos y suplementos que provocaron ese "descalabro".    

"Los que venían de los 90 crearon el caldo de cultivo para que un grupo de estudios jurídicos vinculados a las fuerzas –integrado por ex miembros y miembros activos de la fuerza– practicaran una industria del juicio", dijo, y aseveró que "la masa salarial estaba cautelarizada". 

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