No hay garantías de un mejor sistema

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El Gobierno ha decidido reorganizar el sector eléctrico. No ha explicado en detalle el alcance de las modificaciones que planea aplicar limitándose, de acuerdo con la información que ha trascendido la reunión que sostuvo el viceministro Kicillof con empresarios del sector, a denostar el sistema de organización y regulación instrumentado bajo la presidencia de Carlos Menem.

No es la primera vez que el Gobierno intenta un traslado de culpas hacia la década del noventa. Lo cierto es que en 2002 el sector energético, gracias a lo realizado en ese gobierno, se encontraba en su mejor forma. Había reservas de petróleo y gas que alimentaban una producción que no sólo autoabastecía la demanda del país, sino que permitía cuantiosas exportaciones. El sector eléctrico, a su vez, operaba con sobrada capacidad a nivel de generación, transporte y distribución en tanto los precios y tarifas se encontraban entre los más bajos del mundo.

Hoy en día las reservas no existen, la producción no alcanza ni para abastecer la demanda interna, mucho menos para exportar, la capacidad en equipos eléctricos es insuficiente, la cadena de pagos de las distribuidoras a las generadoras está prácticamente cortada, las tarifas para el sector industrial e incluso para parte de los consumidores domésticos son más altas en términos reales a las que se aplicaban en aquel entonces y el Gobierno debe traspasarle al sector alrededor de 12.000 millones de dólares anuales en subsidios.

El método y los resultados

Es difícil de creer que tamaña ineptitud se deba sólo al mecanismo de regulación elegido en los noventa y que ahora, porque se va a adoptar más de diez años después otro mecanismo conocido como "cost plus", la solución a tamaños problemas va a estar al alcance de la mano. Además, es bien conocido que en un sector bien organizado los distintos métodos de regulación conducen a resultados similares; pensar de otra manera es creer que los resultados dependen del mecanismo utilizado, como si el resultado de una multiplicación dependiese que se efectúe con una computadora o con una regla de cálculo.

Lo cierto es que el anuncio del Gobierno que va a calcular costos y rentabilidad empresa por empresa, en realidad no es un método, sino que sólo desnuda el intervencionismo que el Gobierno aplica en todas sus acciones. Ninguna garantía tienen las empresas que los cálculos sean efectuados correctamente, tampoco ninguna garantía tienen los consumidores de energía que los precios que se reconozcan sean justos y equitativos.

Se anuncia que las empresas deben tener una rentabilidad razonable olvidándose que ese precepto ya existía en la ley marco del sector, sancionada a principio de los noventa, y que fue este mismo gobierno el que alteró las reglas de juego y congeló las tarifas a tal punto que dejó de pagar las inversiones que las empresas habían efectuado y las privó de la rentabilidad que razonablemente les correspondía.

En buena hora si se han percatado de los errores cometidos y se encuentran dispuestos a subsanarlos, pero deberían explicar claramente cómo reorganizarán el sistema. La intervención caso por caso, sin un marco claro de cómo se analizarán las empresas y sus costos, sólo puede traer más oscuridad a un sector donde la transparencia hace ya rato que ha desaparecido.

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