La extraña marcha de la Presidenta a 2001

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La Argentina está detenida, en algunas de sus dimensiones, en 2001. El colapso de aquel año la desconectó de las corrientes internacionales de inversión. Una década más tarde, esa vinculación sigue sin restablecerse.

Para abordar la gigantesca cesación de pagos, el kirchnerismo apostó a reconocer sólo la demanda de los ahorristas que canjearan sus bonos a cambio de una quita. A los que se negaran -los holdouts - no se les reconocerían las sentencias favorables. Tampoco se saldaría la deuda con el Club de París ni se recompondrían las tarifas de las empresas de servicios ni se liquidarían los fallos del Ciadi. Debajo de este enfoque subyace un prejuicio: la negativa a pagar los viejos títulos no contaminaría la relación con los tenedores de los nuevos. El acceso al crédito, por lo tanto, estaría de nuevo disponible.

La sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York del viernes pasado quebró estas premisas. Ese tribunal, al ratificar un fallo del juez Thomas Griesa, dispuso que cada vez que el Tesoro pague sus compromisos con los nuevos bonistas deberá saldar, en la misma proporción, la deuda con los holdouts . El incumplimiento con esos acreedores contamina, por primera vez, la relación con los tenedores de los nuevos bonos emitidos bajo legislación extranjera.

Sencillo: quienes adquirieron esos títulos (Discount, Par, cupón de PBI y Global 2017) están expuestos a que, a la hora de cobrarlos, se les aplique una quita destinada a los viejos bonistas, como exigió la Justicia. El tribunal de apelaciones pidió a Griesa que aclare cómo prorratear el pago entre bonistas nuevos y viejos, y defina cómo quedarían obligados frente a estas sentencias los bancos pagadores. El Gobierno, concluida esa instancia, apelará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El fallo fue una victoria de Elliott Management, el fondo de Paul Singer, que también consiguió que el juez de Ghana Richard Adjei Frimpong embargue la Fragata Libertad.Las primeras consecuencias negativas ya se vieron. El precio de los bonos se derrumbó. El Global 2017 perdió 8,4% en una tarde.

YPF también es víctima de estas novedades. Hoy el riesgo financiero de la empresa es el riesgo del Estado. Sin ir más lejos, Miguel Galuccio debió cerrar las cuentas en bancos de Manhattan. Además, la demanda de Repsol por el expolio de YPF se tramita en el juzgado de Griesa y depende de la misma Cámara de Apelaciones. Los severísimos reproches de los jueces neoyorquinos a la mala fe del Gobierno hacen temer por esa desafortunada coincidencia.

Para comprender la incertidumbre que proyecta el kirchnerismo sobre los mercados hace falta mirar más allá de los pronunciamientos judiciales. Observar el bloqueo a las importaciones, la prohibición de girar dividendos al exterior, la intervención sobre los fondos de bancos y aseguradoras, el default de Chaco y la politización del Banco Central y del mercado de valores. El cuadro completo indica que la Presidenta decidió, en relación con los inversores, liderar una marcha hacia el año 2001. Una regresión extrañísima, ya que convive con la decisión de no defaultear. Resultado: el riesgo financiero de la Argentina sólo es superado por el de Grecia.

La negociación con los holdouts sigue descartada. Pero el Gobierno podría ser auxiliado por los bonistas que entraron en el canje. David Martínez, el líder del fondo Fintech, es hoy la figura clave. Martínez está elaborando una presentación ante la Justicia neoyorquina con el siguiente argumento: si la Argentina está en condiciones de reconocer la deuda con los que no aceptaron la reestructuración es porque el acuerdo con los que sí la aceptaron le devolvió la solvencia. Por lo tanto, no sería justo castigarlos prohibiendo a los bancos pagar sus acreencias. Martínez tiene un interés especial en esta jugada: mantiene una durísima disputa judicial en los Estados Unidos por el control de Vitro, la mayor productora de vidrio de México. Su contradictor es Singer, el titular de Elliott.

Habría que prestar atención a la buena voluntad de Martínez: es el titular del 40% de Cablevisión, donde está asociado a Clarín. Su vocación negociadora se podría extender a la batalla del inquietante 7-D, dejando a Héctor Magnetto más aislado.

El Gobierno explica su encrucijada con una sencilla zoología: "buitres" desalmados se aprovechan de "pingüinos" inocentes. El "buitre" arquetípico es Singer. Los retratos más aterradores de este financista se deben a Jorge Argüello, para quien Singer es tan codicioso como perspicaz; puede ganar una interminable partida judicial contra Perú, como anticiparse a la crisis de 2008 y sacarle ventaja; influye sobre Mitt Romney, que le confía sus ahorros; pero también controla el Partido Demócrata, adonde fue a buscar como lobbistas a Robert Schapiro y Nancy Sodeberg.

En Hollywood aún no descubrieron al fenomenal guionista que habita en Argüello. Pero su semblanza es discutible. Según varios expertos, el belicoso Singer viene haciendo un pésimo negocio en la Argentina: "Si hubiera aceptado la reestructuración y reinvertido en la Argentina, su ganancia sería muy superior a la de un juicio victorioso".

Se podría embellecer a los fondos "buitres". Denominarlos "mercados secundarios", y explicar que, gracias a ellos, financiar a los gobiernos es menos inseguro. Singer sería así el buen samaritano que entrega a los jubilados italianos algunas monedas por un papel cuyo emisor ha resuelto no pagar. Hay organizaciones de derechos humanos -Global Witness, en el Congo, por ejemplo- que bendicen a los Singer porque gracias a sus campañas salen a luz la incompetencia y la corrupción que llevan a los países a la bancarrota.

El debate sería ocioso. Es más interesante la tenebrosa visión de Argüello. Pero, entonces, se impone la pregunta: ¿ por qué Cristina Kirchner y sus ministros no se cuidaron de las impiedad de los buitres? Singer suele bromear diciendo que, en rigor, su fondo financiero es el anexo de un estudio de abogados. Si se lee la biografía de su defensor, Edward Friedman, parece cierto.

El kirchnerismo fue sobrepasado por los desafíos jurídicos y financieros. La Presidenta está descubriendo que los jueces de los Estados Unidos auspician el derecho liberal capitalista. Tal vez aún no sepa que los de Nueva York suelen tener simpatía por el mercado financiero: casi todos se formaron en estudios que defienden a los bancos. Griesa, por ejemplo, fue socio de Davis, Polk & Wardwell, el patrocinante de JP Morgan. Qué casualidad: es el despacho elegido por Repsol para litigar contra la Argentina ante ese magistrado.

Otra conexión para enriquecer las pesadillas persecutorias de la Presidenta: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el estudio que defiende a la República, también atiende al Grupo Clarín a través de Andrés de la Cruz, su representante en Buenos Aires. Pobre Jonathan Blackman. Es el socio de Cleary Gottlieb que representa a la Argentina en Nueva York: ahora será sospechado de ser un doble agente. La fiebre conspirativa levanta temperatura con el embargo a la Fragata Libertad. La Argentina debería tener todas las de ganar: desde el pleito The Sooner Exchange vs. MacFaddon, que la Corte de los Estados Unidos resolvió en 1812, los buques de fuerzas armadas estatales no son embargables. ¿Logrará el insaciable Singer torcer esa jurisprudencia?

De todos modos, el Gobierno debería aclarar la opción por Ghana, donde el país carece de embajada. Arturo Puricelli echó la culpa a su ministerio. No se atrevió a decir que allí el encargado de las relaciones exteriores es un hombre de Nilda Garré, su rival Alfredo Forti. Prefirió decapitar a la Armada.

En Olivos están más entretenidos en culpar al Reino Unido. Sospechan que influyó sobre su antigua colonia para que haga recalar al navío cuando ya se conocía la demanda. Pero la realidad sería distinta. El presidente de Ghana, Johan Mahama, irá a elecciones en diciembre y no quiere ruidos. Sus funcionarios se lo explicaron a los enviados de Héctor Timerman. También al gobierno brasileño, que puso a su embajadora en Accra al servicio de la Argentina.

Mientras tanto, Timerman obtuvo, por gestión de un académico, el aval de sus antecesores, a pesar de sus trámites incomprensibles. ¿Qué pensaba conseguir en las Naciones Unidas? ¿No era más razonable reclamar el apoyo de la Unasur? ¿No lo estará perjudicando el recuerdo de su viejo alicate en esta pelea por la inmunidad soberana? ¿Quién le hizo creer a Timerman que el Consejo de Seguridad tomaría el caso? Sólo ocurriría si la Argentina amenazara con un rescate militar y Ghana la denunciara. Pero es imposible. No sólo porque los pingüinos son pacíficos. Tampoco lograrían cruzar el Atlántico. La corbeta Espora no consigue volver desde Sudáfrica, paralizada por sus numerosas averías.

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