Una expropiación oscura y costosa

La ley de expropiación de la ex Ciccone dará una cobertura política a los enredos comerciales y judiciales del vicepresidente Amado Boudou, que está imputado en la Justicia. Pero todo el negocio continúa siendo oscuro.

En primer lugar, no queda claro qué es lo que el Congreso está expropiando.

La ley que se acaba de sancionar, en su artículo 1°, dice que se expropia "la compañía". Esa mención es intencionalmente ambigua. ¿Está quedándose el Estado con la propiedad de las acciones o con la propiedad de los bienes (máquinas) y las deudas?

La respuesta a ese interrogante no es inocua: en un caso u en otro, será distinta la posibilidad que tendrán los acreedores, tal vez un capitalista amigo del poder, a la hora de recuperar los créditos o préstamos que le hicieron a Ciccone para que siguiera operando durante estos últimos dos años.

En efecto, para el titular de las acciones no habrá mucha diferencia. En cualquiera de los dos casos, el Estado pagará al propietario de The Old Fund (sea que detrás de esa cáscara estén Boudou o cualquier otra persona) la suma más cercana a cero, porque compensará las deudas que Ciccone tiene con la AFIP. En términos sencillos: la ley le traerá a Boudou o al titular de The Old Fund un poco de tranquilidad judicial, pero tal vez no le arrime más dinero.

En cambio, para los acreedores, la situación sí será distinta.

Si el Estado se quedase sólo con los bienes de la empresa (máquinas) y las deudas, los acreedores sólo podrían reclamar contra una sociedad Ciccone residual, una cáscara vacía de bienes. En cambio, si el Estado se queda con las acciones de la sociedad, pasará a ser titular de una Ciccone estatal: así, los acreedores podrán reclamarle sus acreencias al Estado nacional. Negocio redondo.

Está claro que habría sido más barato para el Estado y para todos los contribuyentes expropiar sólo las máquinas o comprar nuevas, antes que expropiar las acciones.

El senador Gerardo Morales, luego de computar las deudas de la empresa, dijo que esta ley va a costar a los contribuyentes unos 140 millones de pesos. Alguien los va a cobrar. Incluso, habría que advertir que, tal vez, le cueste aún más dinero, una vez que se judicialicen reclamos e intereses.

En cuarto lugar, la expropiación no era necesaria. Dicen quienes estudiaron el asunto que la maquinaria de Ciccone no suma mucho a la que posee la Casa de Moneda.

Frente a tanta oscuridad, la promesa de que la investigación judicial seguirá abierta es apenas una idea vaga y su éxito dependerá más de la política que de la Justicia.

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