Deteriora la inflación las partidas del gasto social

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El dinero que el Estado utiliza para hacer política social cada vez alcanza para menos. Según datos del presupuesto nacional de este año, el gasto público social (GPS) se incrementó en promedio un 19,2 por ciento respecto de la ejecución de 2011, pero a causa de la inflación este aumento pierde impacto en términos reales.

Los datos surgen de un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer en el que trabajó la economista Giselle Cogliandro, investigadora asociada de la entidad.

El gasto social previsto en el presupuesto de este año suma $ 276.479,6 millones, 44.474 millones más que en 2011. "Sin embargo, en un contexto de alta inflación, con una tasa anual de incrementos de precios cercana al 24%, según estimaciones privadas, este aumento pierde relevancia en términos reales", advierte el documento como primera conclusión.

La segunda parte del trabajo enfatiza la diferencia de criterios objetivos para la distribución del dinero (en algunos casos, con alta influencia de la política), según los mecanismos de reparto. "Los programas sociales que implican transferencias directas de ingresos a los beneficiarios presentan una mayor tendencia a respetar criterios objetivos de reparto de los fondos, que los programas que tienen transferencias a los gobiernos provinciales y municipales", dice Cogliandro. ¿Qué significa esto? Cuando el intermediario entre el beneficiario y el Estado es un gobierno, empiezan a terciar los humores políticos y otros factores que pueden tener que ver o no con las necesidades sociales de los ciudadanos.

El principal distribuidor de gasto social es la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Allí se concentra el 75% del incremento previsto para este año ($ 33.245 millones). La Anses contará este año con 190.817 millones, en su mayoría destinados al pago de las jubilaciones y pensiones. Otro de los ítems que se estudiaron es la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde efectivamente hay un aumento que seguramente será destinado a mejorar la cobertura.

La Anses, con una suba de 21,1% en sus partidas, es el organismo que está más cerca de empardar a la inflación. Por caso, el dinero destinado al Ministerio de Desarrollo Social subió 17,3%; el que va al de Educación, 13,2%, y el de Ciencia y Tecnología, 12,2%, todos muy por debajo de la inflación. El Ministerio de Planificación Federal, que canaliza el dinero para infraestructura social, tendrá una suba de 17,3%.

La distribución

El documento ahonda mucho en los mecanismos de distribución del dinero. El primer grupo de programas que se analizó son aquellos en los que la transferencia de ingresos va directamente a manos del beneficiario, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, el seguro de desempleo o la AUH. "En todos estos casos, el principal criterio de distribución es la cantidad de población, las provincias con mayor cantidad de habitantes reciben mayor proporción de recursos -sostiene Cogliandro-. Los programas que pueden mencionarse como ejemplos son la asignación universal y las pensiones no contributivas. Estos se caracterizan porque desde su diseño tienen establecidos claramente los requisitos para convertirse en beneficiario y el cobro de la prestación es directa, sin intermediarios."

Asoma aquí la sombra del clientelismo. Los ejemplos sirven para mensurar el método por el que se rige la política social argentina. En Techo Digno, un programa para paliar el déficit habitacional, la distribución nada tiene que ver con las necesidades de vivienda. Santa Fe supera a Córdoba en esa carencia y recibe un 30% menos de recursos. "También puede mencionarse el caso de Santa Cruz, que casi no presenta déficit habitacional pero recibe $ 115 millones, mayor cantidad de recursos que Santa Fe (82,7 millones) o Corrientes (17 millones), siendo que estas provincias tienen un déficit habitacional significativamente superior al de Santa Cruz", dice el documento.

Algo similar pasa con otros programas. Argentina Trabaja sólo distribuye dinero en 11 provincias, aunque casi la totalidad del dinero termina en territorio bonaerense. Salta, que tiene el nivel de desempleo más alto del país, no tiene recursos asignados. En el programa Seguridad Alimentaria, la partida de gastos sin asignar es la tercera, después de lo que se llevan Buenos Aires y la Capital. En las provincias con mayores niveles de pobreza, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes, la asignación presupuestaria es independiente de este indicador.

Uno de los programas con más prensa oficialista, Más Escuelas Mejor Educación, también presenta inequidades. "El Estado de conservación de los edificios escolares no parece ser un indicador que oriente las transferencias de recursos", sostiene Cogliandro. Los dos distritos con mayor cantidad de edificios en mal estado, Santiago del Estero y Chaco, tienen participaciones en el presupuesto muy alejadas de sus necesidades (2,5 y 4% respectivamente). También se puede destacar el caso de Santa Fe, que recibe sólo 4,1% de lo recursos del plan, mientras que Córdoba, que presenta la mitad de las escuelas en problemas que su vecina, se queda con el 6,1% del fondo.

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