Descartan una ley de inmunidad de funcionarios

Ni Miguel Pichetto ni el bloque de senadores kirchneristas, que él preside, tienen previsto impulsar un proyecto de ley para evitar que los máximos funcionarios del Gobierno puedan ser investigados por la Justicia durante el ejercicio de sus cargos.

La posibilidad, descartada por completo por voceros del senador consultados por LA NACION, surgió como un interrogante luego de la defensa que el jefe de los senadores kirchneristas hizo de Amado Boudou durante la sesión por la expropiación de la ex Ciccone.

Pichetto argumentó que Boudou no hubiera tenido ese "problema" en Francia porque en ese país los máximos funcionarios de gobierno gozan de inmunidad judicial durante el ejercicio de sus cargos. "Es una experiencia interesante", concluyó el senador, al elogiar la legislación francesa y luego de cuestionar las medidas judiciales para investigar posibles nexos de Boudou con el grupo que controla la ex Ciccone.

Ante las miradas atentas de los senadores de la oposición, Pichetto enseguida aclaró que no pretendía impunidad para los que gobiernan. "Lo que se da -sostuvo- es un planteo de inmunidad durante el ejercicio del gobierno para que no ocurra lo que le sucedió al vicepresidente, quien fue víctima del desprestigio y sufrió el peso del soporte mediático y de la acción dirigida a lesionar su imagen para que pierda legitimidad, la que podrá recuperar luego de un proceso [judicial] que es muy largo en la Argentina."

Consultado por LA NACION, el diputado radical Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas, afirmó que una legislación de ese tipo viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que la Argentina adhiere.

Compromiso

En su artículo 30, la convención establece: "Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación , el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención".

Pichetto ponderó el sistema francés en respuesta al radical Ernesto Sanz, que había dicho que debía seguirse el ejemplo de Francia, donde la justicia investiga al ex presidente Nicolas Sarkozy por el presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2007. "Hay una diferencia con Francia en relación con lo que ocurre aquí. Por algo hicieron una revolución y por algo es un país que tiene clara la preservación de las instituciones políticas. El presidente y el vicepresidente, aunque no tienen vicepresidente, tienen inmunidad durante todo el mandato", argumentó Pichetto.

"O sea -siguió el jefe de los senadores kirchneristas, dirigiéndose a Boudou-, ningún fiscal puede hacer lo que hicieron con usted, de ir a allanarle un inmueble que además ya no ocupaba. Un juez ordenó un allanamiento cuando podría haberlo sustituido mediante un mero requerimiento en manos de su secretario de juzgado, y pedirle al consorcio la boleta de Cablevisión."

Enseguida, Pichetto arremetió contra Daniel Rafecas, el juez que había ordenado ese allanamiento. "Construyó su prestigio escribiendo sobre derechos humanos, pero me parece que hay una sobrevaloración de algunos personajes infatuados del mundo judicial", señaló.

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