El debate del aborto en la Ciudad

MAURICIO MACRIJefe de Gobierno porteño

"La Ciudad cumplió con el fallo de la Corte y reglamentó el aborto no punible mediante un protocolo"

FALSO

El aborto fue esta semana un eje de debate central en la Ciudad de Buenos Aires, lo hayan o no buscado o previsto desde el oficialismo porteño. La interrupción del embarazo de una mujer abusada, víctima de trata, revelado por Mauricio Macri, primero suspendido por una jueza y anteanoche autorizado por la Corte Suprema, dejó al jefe de gobierno con una denuncia penal y un fallo del máximo tribunal del país que pone en duda el protocolo porteño.

A continuación, la verificación de si el protocolo de la Ciudad es una reglamentación que cumple con lo dispuesto por la Corte.

El 13 de marzo de 2012, la Corte estableció que, de acuerdo con el Código Penal, el aborto no es punible en caso de una violación y que "los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal".

Los especialistas consultados por Chequeado.com coincidieron en que el protocolo de la Ciudad, que exige la autorización de un representante legal para las menores de 18 años y pone un límite de 12 semanas para interrumpir el embarazo, no cumple con la base establecida por la Corte. El protocolo fue dictado por el Ejecutivo porteño tras el fallo y sigue vigente.

Anteanoche, la Corte Suprema dejó sin efecto la medida cautelar dictada por la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada en contra del aborto anunciado por Macri y dictó un nuevo fallo en el que exhortó a las autoridades a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos permitidos legalmente.

Entonces, si bien es cierto que, como dijo el jefe de gobierno, la Ciudad reglamentó el aborto no punible con un protocolo, es falso que de ese modo cumplió con el fallo de la Corte de marzo último.

Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, objetó que "el protocolo no sólo no respeta el fallo de la Corte, sino que va en contra del Código Penal, al poner un plazo de 12 semanas para abortar en caso de violación cuando el Código no establece ninguno".

En el mismo sentido, Agustina Ramón Michel, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), agregó que, "aunque es claro que por razones de salud es mejor que la interrupción de un embarazo se haga en el primer trimestre, muchas veces en el caso de adolescentes que son abusadas, la detección del embarazo es tardía y este protocolo les quita su derecho".

Además, "el protocolo de la Ciudad exige que el director del hospital apruebe los abortos, cuando no hay razón para que intervenga en ninguna práctica médica -explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-. Esto de por sí lo vuelve más restrictivo que el fallo de la Corte".

De hecho, agregó Gherardi, el fallo hizo un llamado explícito a "remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención (.); eliminar requisitos que no estén médicamente indicados".

Otra contradicción es que el protocolo menciona a equipos interdisciplinarios, cuando "según la Corte debería tratarse de una relación paciente-médico en la que no tendrían que entrar en consideración otros aspectos más que la salud de la mujer o la violación", señaló Gil Domínguez.

Según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), provincias como Chubut, Chaco y Santa Fe ya han puesto en vigencia protocolos que cumplen con las bases del fallo, mientras que en provincias como Salta, la reglamentación lo contradice, ya que regula sólo los abortos en caso de violación y no basta con una declaración jurada de la mujer para realizarlos.

El viernes de la semana última, el jefe de Gobierno porteño publicó en Twitter las razones para vetar la ley aprobada por la Legislatura porteña que reglamentaba los abortos no punibles. Según publicó Macri, la norma, que establecía que una mujer podía abortar en caso de una violación o de riesgo para su salud sin necesidad de llevar su caso a la Justicia, "excede el marco regulatorio que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Entre los puntos objetados, Macri mencionó que la ley "permite abortar a víctimas de violación desde los 14 años, sin autorización legal ni límite gestacional", lo que para el mandatario propasa lo dispuesto por la Corte.

Los especialistas consultados no coinciden con el juicio de Macri de que la ley aprobada por la Legislatura excede el fallo. "Es cierto que la ley trata temas sobre los cuales la Corte no se pronunció, pero estaban en línea con lo que pidió", explicó Gherardi. La Corte exhortó "a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios". Para Ramón Michel la Corte lo que hizo es asentar una base, un mínimo, "a partir del cual se puede construir".

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/ @lauzommer

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