Cablevisión teme una "confiscación"

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MAR DEL PLATA.- Por los pasillos del hotel donde se desarrolla el Coloquio de IDEA había ayer un empresario que piensa que antes de fin de año la compañía que maneja puede terminar intervenida o confiscada por el Estado. Se trata del presidente de Cablevisión, Carlos Moltini, que ayer reconoció que a partir del 7 de diciembre , fecha que el Gobierno puso como límite para que se inicie el proceso de desinversión del Grupo Clarín, podrían producirse avances estatales en la compañía.

"En lo que se refiere a lo jurídico, el 7-D no debería pasar nada. Hay una medida cautelar que vence ese día y eso no significa mucho, ya que como no se resolvió la cuestión de fondo sobre el artículo 161, hay un año de plazo para presentar un plan de desinversión. Pero claro, hay una situación de hecho y las hipótesis pueden ser las que se les ocurran, desde la intervención hasta la confiscación", dijo Moltini.

Durante las últimas semanas, la virulencia discursiva del Gobierno respecto de la pelea con el Grupo Clarín aumentó al punto de que se iniciaron campañas con el simbolismo del uso de la fecha (7-D) como límite para que el grupo empresario adecue su operación a la ley de medios. "La historia que tiene este gobierno nos lleva a pensar que puede haber una situación de hecho a partir del 7 de diciembre", agregó. Antes había dicho que la empresa podría ser expropiada. Pero pocos minutos después se corrigió: "Confiscada, no expropiada. Para esto último hace falta un cheque por el valor de la compañía y este gobierno nunca pagó una empresa con la que se quedó". También marcó diferencias y predijo que no habrá alfombras rojas para los interventores como, según su visión, pasó en otras intervenciones estatales. "No creo que pase lo de YPF, porque los empleados no lo van a permitir. A Cablevisión no van a entrar cuatro funcionarios e instalarse en el directorio."

Respecto de la relación con el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, Moltini reconoció que no existe diálogo. "No es verdad que se reúne con todos, como dice. A nosotros no nos llamó nunca; si lo hace, iremos. Presentaremos nuestros argumentos, pero no tenemos problemas en reunirnos", indicó.

Según Moltini, en la batalla que mantiene la Casa Rosada con Clarín, el Gobierno no está solo: "Telefónica es funcional al Gobierno, ya que utiliza su parte del negocio de la comunicación para arreglar sus temas regulatorios. Además, ninguno de los grupos que deberían haber empezado a desinvertir el 28 de diciembre de 2011 lo hizo. Todos los que están excedidos están en situación irregular, ya que sólo el Grupo Clarín recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar". La compañía de telecomunicaciones española es dueña de Telefé, donde desde hace años el contenido político dejó de ocupar espacios ponderantes en la programación. Y tiene varios canales de aire en el interior.

También hubo un párrafo para el grupo comandado por Daniel Vila y José Luis Manzano. "Por la ley de medios, hay grupos que no deberían estar operando, como Vila-Manzano, ya que prestan servicios públicos y son concesionarios de obras. También está el caso de Cristóbal López. Es contratista en el negocio petrolero y tiene licencias para operar en el negocio del juego. Sin embargo, pudo comprar sin problemas."

Mientras el Consejo de la Magistratura no logra designar al juez del juzgado que tendrá a su cargo la causa que interpuso Clarín por la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios, el bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para reglamentar el per saltum, un mecanismo por el cual la Corte puede intervenir pasando por encima de instancias inferiores.

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