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Rossi: “Se han rescatado casi 4000 chicas víctimas de la trata desde el 2008”

VERDADERO, PERO...

Agustín Rossi, del FPV (Télam)Agustín Rossi, del FPV (Télam)

Los datos oficiales respaldan los dichos del diputado, aunque se refieren a personas de ambos sexos. Los especialistas consultados y los organismos de derechos humanos mencionan el bajo porcentaje de condenas.

El diputado nacional Agustín Rossi (FpV) se refirió al delito de trata de personas en vísperas de la sesión extraordinaria para tratar modificaciones a la ley vigente. Allí afirmó que “en la Argentina se han rescatado casi 4.000 chicas víctimas de la trata desde el 2008 en adelante”, gracias al uso de los instrumentos que proporcionó la norma.

La Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” fue sancionada en 2008. De acuerdo con lo publicado por el Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, desde su sanción “hasta el 31 de octubre de 2012 se rescataron un total de 3875 víctimas de las redes de Trata de Personas, en el marco de 1819 allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad federales en operativos en los que se detuvieron a 1396 personas, vinculadas a organizaciones delictivas”. El programa forma parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Las estadísticas son elaboradas por el mismo organismo oficial y están publicadas en su página de la red social Facebook. Los datos también muestran que del total de víctimas, 1.967 lo fueron por delitos vinculados con explotación laboral, 1.889 por explotación sexual, y 19 bajo el rubro “Otros”.

Mariano Accame, director de proyectos de la Fundación María de los Ángeles, que fue creada por Susana Trimarco en 2007, coincidió en la importancia de la legislación para el rescate de las víctimas. “Al tipificar la trata como delito federal, y con la creación de organismos estatales específicos, la parte práctica se simplificó. La Oficina de Rescate y la UFASE (N.de R.: Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) pueden emprender una investigación preliminar de forma inmediata, por lo que se evitan trámites que retrasaban las investigaciones", expresó.

“En los rescates hay resultados positivos, que se deben a que existe más compromiso del Estado y un mayor conocimiento de la situación por parte de la sociedad civil y las víctimas”, dijo Viviana Caminos, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata -RATT-  Argentina. Sin embargo, también señaló que “el aspecto negativo se encuentra en las condenas”,  debido a que “hay complicidad tanto de quienes tienen que investigar como de los clientes”.

La UFASE es un organismo del Ministerio Público Fiscal, y elabora estadísticas en base a las causas judiciales. En el rubro de sentencias condenatorias,  había contabilizadas 13 para 2010, 39 en 2011, y 50 a la fecha de publicación del informe 2012. Es decir que se dictaron 102 condenas desde la aprobación de la Ley de Trata.

De acuerdo con el Informe 2011 sobre Derechos Humanos en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), más allá de los importantes avances, “la impunidad es la regla”. Considera el CELS que “la respuesta judicial ha sido bien pobre”,  ya que “desde la sanción de la ley, el 62% de las personas investigadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina está procesado, el 12% tiene falta de mérito y el 2% fue sobreseído. Sólo el 4% de los imputados ha recibido una condena”.

Aunque no hay información pública sobre la tasa de condenas para otros delitos, un informe de la ONG Unidos por la Justicia realizado en 2005 marca que en la Justicia Criminal la proporción de sentencias condenatorias tiene valores de "entre un 15 y un 21 por ciento". Para los casos de corrupción y delitos económicos, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) realizó un informe donde, de 750 causas entre 1980 y 2007, sólo un 3 por ciento terminó en condena.

La procuradora general de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, también se refirió al tema, y señaló que desde 2008 un grupo a su cargo rescató en la provincia a 2491 víctimas. De ese número, 2048 fueron explotadas sexualmente y 443, laboralmente. En el mismo período, hubo condenas en tres oportunidades. Los datos son propios de la Procuración bonaerense, pero no se encuentran publicados, según confirmaron desde esa oficina a Chequeado.com.
Tanto el CELS como el Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas de la ONU, Joy Ngozi Ezeilo, coinciden en “la falta de estadísticas oficiales desagregadas y actualizadas, (lo que) impide contar con diagnósticos claros del fenómeno y fortalecer las políticas de prevención y sanción”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos elabora un informe en el que repasa la situación de cada país en el tema de la trata de personas. La Argentina está calificada en el segundo nivel (de tres), dentro de los “países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas de la TVPA [estándares fijados por ley norteamericana],  pero que hacen esfuerzos considerables para cumplir esas normas”.

En la parte dedicada al país señala: “Durante el último año, el gobierno argentino identificó un número récord de víctimas de trata, incluyendo muchas de trabajo forzado. Aumentó la cantidad de acciones judiciales y convicciones a culpables de tráfico y apoyó varios refugios para víctimas. Sin embargo, el número total de condenas se mantiene bajo comparado con la cantidad de víctimas identificadas, los servicios siguen siendo dispares en las distintas provincias, e importantes acusaciones de complicidad de funcionarios del gobierno, tanto a nivel local como federal, impidieron un esfuerzo más completo contra el tráfico”.

La ley de 2008 fue objeto de críticas desde su aprobación. En palabras de Falbo, “fue el marco y el puntapié inicial para poder, por lo menos, tener normado el sistema, pero tiene muchas falencias”. Los principales puntos de disputa son: el consentimiento de la víctima como causal de eximición de la responsabilidad penal y la duración de las penas, que actualmente son de 3 a 6 años. Ambos serán modificados si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que votó el Senado.
“Se plantea la unificación del tipo penal, sin distinción de edad y sin que el consentimiento permita  la absolución de los acusados. También, un endurecimiento de las penas, que pasarían a ser de 10 años, para que dejen de ser excarcelables”, resumió Caminos.

La legislación latinoamericana

En el continente, la situación legal difiere según cada país:
- En Uruguay la Ley 17.815 de 2004 sobre niños, adolescentes e incapaces y la Ley 18.250, de principios de 2008, incluyen al delito de trata de personas con una pena de 4 a 16 años de prisión.
- Chile aprobó en 2011 la Ley 20.507, que “tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal”.
- México sancionó su ley al respecto este año. La norma prevé hasta 40 años de condena y establece que “el consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta ley, no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal”.
- En Paraguay, esta semana se presentó un proyecto de ley sobre trata, ya que hasta el momento no estaba tipificada.
- En Brasil no existe una legislación específica sobre la cuestión.

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