Avanza en el Senado la ley de expropiación de la ex Ciccone

Incómodos por los duros cuestionamientos de la oposición y sin nuevos argumentos con los cuales defender al vicepresidente Amado Boudou, mencionado varias veces durante el plenario, los senadores kirchneristas impusieron ayer su mayoría y firmaron el dictamen del proyecto de ley que declara sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana (Ex Ciccone Calcográfica).

Más aún, para avanzar con el polémico proyecto, el oficialismo rechazó de plano el pedido de la oposición para que algún funcionario del Poder Ejecutivo concurriera al Congreso a brindar mayores detalles de la operación. En la misma línea, hicieron oídos sordos cuando el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) pidió convocar a Alejandro Vandenbroele, cara visible del enigmático fondo The Old Fund, supuesto propietario de la ex Ciccone.

El kirchnerismo quiere tratar el proyecto el jueves de la semana próxima. La bancada de diputados oficialistas, en tanto, pretende completar la sanción de la ley el miércoles 22.

A pesar de las fuertes críticas, la oposición quedó dividida, ya que el cordobés Luis Juez (FAP) y los peronistas disidentes de Salta Juan Carlos Romero y Sonia Escudero apoyaron la expropiación, en virtud de que habían presentado proyectos de similares características meses atrás.

Para el oficialismo, estos apoyos, aunque con reserva sobre el resultado de las causas judiciales que investigan supuestos ilícitos en torno a la impresora, fueron el dato más relevante del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

La defensa del proyecto estuvo a cargo del bonaerense Aníbal Fernández, que repitió los fundamentos del Poder Ejecutivo. Dijo que la expropiación se explica por la necesidad de "recuperar la soberanía monetaria" y en el hecho de que la Casa de la Moneda fue víctima de la política liberal de los 90.

Sobre el costo que tendrá la empresa para el Estado, reiteró lo dicho por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. "El monto de los activos se va a netear [sic] con el monto que CVS está debiendo al Estado, así que, con seguridad, es mayor [la deuda] que el valor de la empresa", dijo el ex jefe de Gabinete, quien estimó en $ 250 millones el pasivo de la ex Ciccone. Ese fue el único dato ofrecido por el oficialismo sobre la operación que impulsa el Poder Ejecutivo.

Así se lo hizo notar el radical Ernesto Sanz (UCR-Mendoza). "En las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF se sabía a quiénes se iba a expropiar, pero acá no hay información, no hay nada", sentenció. Y tras afirmar que ni siquiera el juez de la quiebra pudo hasta el momento conocer quiénes son los integrantes del fondo The Old Fund, el senador mendocino espetó: "Saber quién es el dueño no es un requerimiento de la UCR, sino de los 40 millones de argentinos, y el Congreso no puede estar sometido a la sospecha de todos los argentinos, que no saben a quién vamos a expropiar".

En la misma línea se manifestó Giustiniani, quien interpeló a los kirchneristas preguntándoles por qué tanto apuro "cuando el Gobierno ya está adentro" de Ciccone por el decreto que dispuso la intervención de la empresa.

El socialista también pidió que se citara al ministro Lorenzino; al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura.

El momento más tenso para la bancada kirchnerista fue cuando intervino el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff (Formosa), que fue el primero en mencionar a Boudou en el plenario.

"El Gobierno ha elegido el peor de los caminos: el de la trampa y el del engaño a la sociedad", afirmó el radical, quien recordó que el escándalo por la adquisición de Ciccone se inició cuando Paula Muñoz denunció a Vandenbroele de ser "supuesto amigo y supuesto testaferro de quien hoy es el vicepresidente".

"Esto podría facilitar la investigación"

"La expropiación de la ex Ciccone debería facilitar la investigación y podría echar luz sobre algunos puntos oscuros, como quiénes son sus auténticos titulares", dijo ayer el fiscal Jorge Di Lello, que investiga si el vicepresidente Amado Boudou se enriqueció ilícitamente y se interesó en que la empresa fuera controlada por supuestos conocidos de él.

El fiscal minimizó que no se sepa quiénes son los dueños de la ex Ciccone. "No constituye un delito. Es una ocultación al sistema económico, pero no un delito", aseguró.

Al respecto, en el juzgado comenzó a clarificarse ayer el origen de la sociedad The Old Fund, señalada como dueña de la ex Ciccone. Al declarar ante el juez Ariel Lijo, el creador de la empresa, el contador Eduardo Alberto Razzetti, sembró dudas sobre la venta de la sociedad a Alejandro Vandenbroele, a quien se investiga como supuesto testaferro de Boudou. Razzetti dijo que los negocios no prosperaron y decidió deshacerse de la firma. "Me salía más barato venderla que cerrarla", declaró. Para conseguir un interesado armó una cadena de mails, que envió a todos sus contactos para ofrecerles la nueva sociedad. A través de un estudio jurídico conocido, apareció Vandenbroele, quien dijo que hacía la operación a título personal. "Después hubo que emprolijar los papeles porque parece que Vandenbroele actuaba como apoderado de alguien más", dijo a LA NACION una fuente judicial.

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