La AGN sostiene que la supervisión de la SUBE fue "sumamente irregular"

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A la espera de la decisión que tome el Gobierno sobre el contrato de la supervisión de la SUBE -actualmente suspendido-, la Auditoría General de la Nación aseguró que la licitación para controlar el boleto electrónico contó con "numerosas irregularidades".

"Estamos frente a una discresionalidad en la utilización de los fondos. Hay irregularidades visibles y comprobables a simple vista", dijo el presidente de la AGN, Leandro Despouy. "Se pudo detectar anomalías de una dimensión que permite una evaluación profunda de las irregularidades que se cometieron. Hay hallazgos muy importantes", agregó.

El informe de la entidad, que fue aprobado esta tarde sin dictámenes de disidencia, será enviado -previa aprobación del Congreso- al Ministerio del Interior y Transporte, que analiza la anulación definitiva del contrato. Según el ministro Florencio Randazzo, el dictamen de la AGN será determinante para la evaluación que el Ejecutivo sobre la contratación, que actualmente atraviesa los 30 días de suspensión. Desde la auditoría afirmaron también que enviarán el informe a la Justicia, que actualmente investiga el proceso.

En el segmento más encendido del debate, Despouy cargó contra el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. "Sorprende la defensa que se ha hecho sobre las irregularidades. Schiavi dijo que no firmó la resolución de la consultoría, pero firmó una nota en la que ordena que se haga la contratación. Por lo tanto, el daño es doble: incumplió con el acto administrativo e impulsó un procedimiento sumamente irregular", dijo.

En el plenario, también fue cuestionado el rol del Banco Mundial, que financió la obra y que debía auditar el concurso. "Merece un párrafo especial el Banco Mundial. Porque estas instituciones nos dieron letra sobre qué hacer durante muchos años a los argentinos, pero la no objeción de esta licitación es una irresponsabilidad absoluta de sus funcionarios. Tenía todas las facultades para evitar esta contratación y no lo hizo", argumentó el auditor radical Oscar Lamberto. Y lanzó: "Como mínimo hay incompetencia e inoperancia del funcionario del Banco Mundial".

Como gerente del Banco Mundial, Andrés Pizarro firmó decenas de documentos de "no objeción" que aprobaron cada paso del concurso que llevó adelante la Secretaría de Transporte. La Nación reveló los vínculos que el entonces gerente de la entidad tiene con los funcionarios a los que debía controlar. Luego de avalar la contratación de la supervisión de la SUBE, Pizarro renunció a su cargo en el Banco Mundial. Meses antes había hecha explícita su militancia política en el kirchnerismo.

"El mecanismo del Banco Mundial no funcionó. Sino, no se hubiese hecho el desembolso", dijo el radical Horacio Pernasetti, auditor que hizo una detallada descripción del informe ante el plenario.

Sin presupuesto

El Estado pagó 17 millones de dólares por la supervisión de la SUBE, pero las cuentas para el Banco Mundial fueron distintas, según sostiene el informe de la AGN. En primera instancia, habían calculado cinco millones de dólares para esa consultoría, luego se fijó como precio 10,5 millones de dólares. Pero el total aumentó 6,5 millones de dólares entre gastos e impuestos.

"No hay evidencias sobre la aprobación de un presupuesto oficial de la consultoría. El plan original era que cueste 5 millones de dólares, pero después el monto aumentó a 10,5 millones. Eso no está debidamente justificado", Pernasetti

El auditor radical también hizo referencia a la "precaria" documentación que consta en el expediente. Y puso como ejemplo el supuestos documento de no objeción enviado por el Banco Mundial a las autoridades de Transporte con el que se autorizó la contratación. "La comunicación cursada por el Banco Mundial en el cuál se le informa la no objeción de la oferta seleccionada es precaria. Un correo electrónico enviado por el gerente del proyecto a algunos funcionarios no puede ser un documento oficial", sostuvo.

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