ADEPA lamentó el "escrache" de la Presidenta al empresario Toselli

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó que "el ejercicio de la libertad de expresión en el país se halle sujeto a la represalia estatal con fines de estigmatización y silenciamiento" y agregó que esto sucede "cada vez con mayor frecuencia".

"La utilización selectiva de la AFIP o de otros organismos estatales como herramientas de persecución política es condenable en tanto entraña un abuso de poder, que es ejercido con modos y objetivos diferentes a los planteados por el ordenamiento jurídico", advirtió ADEPA.

La organización periodística repudió así las palabras de la presidenta Cristina Kirchner respecto de un empresario y la posterior inhabilitación de la AFIP a su firma, la inmobiliaria Jorge Toselli.

Qué pasó. El miércoles, en un discurso por cadena nacional , la Presidenta cuestionó al titular de una inmobiliaria que había dado su testimonio al diario Clarín sobre la desaceleración de la economía. Dijo que había consultado con la AFIP y que habían encontrado que no había presentado su declaración jurada desde 2007.

Un día después del reto presidencial, la empresa Jorge Toselli Inmobiliaria fue inhabilitada temporalmente por la AFIP para seguir operando.

La figura legal para bloquear a la empresa fue la de inhabilitación. Según los tributaristas consultados por LA NACION, es una sanción que debería levantarse automáticamente tras la presentación de las declaraciones juradas faltantes.

A través de un comunicado, ADEPA señaló: " No hay nada que objetar a que se procure mejorar la recaudación erradicando prácticas de evasión tributaria. Por el contrario, ello hace a la salud de la democracia. Pero la legitimidad de los reclamos subyacentes o la irregularidad de las situaciones denunciadas deberá ser dirimida por los organismos competentes y por la Justicia".

Y agregó: "Es preocupante que se revele la situación fiscal de un ciudadano y, peor aún, que se lo haga a modo de escrache desde las más altas esferas del poder político, por cadena nacional y luego de que aquél manifestara públicamente hechos u opiniones que no son del agrado de las autoridades".

"Esto entraña una peligrosa forma de persecución que conduce a la autocensura, no sólo del involucrado sino de otros sectores que razonablemente temen que se los hostigue sólo por ejercer el derecho constitucional de expresarse en libertad", alertó la asociación.

"Se instala así un clima de opresión que opera como un condicionante para el libre flujo de las ideas, propio del debate democrático", concluyó el comunicado.

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