El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron

La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.

La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra "enemigos" del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.

La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como "matriz de riesgo". Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.

La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.

Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, "quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)". LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, "las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad".

El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. "Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes" y soslayados.

Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz "debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria", de la que además aclaró que sólo se habló en "reuniones informales" y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.

Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema "caliente" que justificó buscar entre los reportes sin analizar.

Con 280 parámetros o "a dedo"

Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la "matriz de riesgo" llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.

"La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos", precisó un informante.

Aportó un caso concreto: "Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz".

Ese primer bosquejo de la "matriz", sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.

De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.

"La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes", detalló uno de los informantes, que indicó que dados los "problemas" registrados se inició una segunda "reformulación".

La relevancia de contar con una "matriz de riesgo" eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.

El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan "a dedo" los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.

La última fase de la puesta en marcha de la "matriz de riesgo" registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. "Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual."

Documentos e irregularidades

LA NACION accedió a la hoja de ruta del ROS de Schoklender, así como a un memo interno que advierte los problemas del sistema.

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