El fallo establece que la Convención de los Derechos del Niño abandonó el criterio tutelar (protección) de los menores y ahora promueve que estos deben ser sancionados cuando cometan delitos graves.
Según informa el diario El País de Uruguay, desde 1990 el adolescente cuenta con garantías en un juzgado, pero a la vez se le exige el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y en caso de incumplimiento en forma proporcional a su edad, deberá ser sancionado.
La sentencia del Tribunal, firmada por los ministros María del Carmen Díaz Sierra, María Lilián Bendahan y Carlos Baccelli el jueves 16, se expide sobre un sentencia de la Justicia de Menores relacionada con un homicidio a un ciudadano vietnamita.
Según el fallo, en el sistema juvenil, el "reproche estatal" a los menores infractores surge a través de las denominadas medidas socio-educativas. "No se habla de sanciones penales juveniles sino de medidas o medidas socio-educativas para distinguirlas de las medidas de protección", expresa.
De este modo, agregaron los jueces, "se pierde la dimensión de reproche" que toda sanción necesariamente debe traer aparejada.
"Es evidente que los problemas que esta confusión genera a la hora de la ejecución de la medida/sanción son graves, ya que el fundamento de la sanción penal juvenil continúa siendo, tanto en los instrumentos internacionales como en las nuevas leyes latinoamericanas, la prevención especial positiva. En términos criminológicos tiene que ver con la reintegración social del condenado", sostiene el fallo.
"La nueva respuesta legal desarrollada a partir dela Convenciónde los Derechos del Niño en América Latina presupone la responsabilidad de todos los actores sociales: adultos y niños", expresa el Tribunal de Apelaciones.
La sentencia expresa que las personas menores de 18 años son titulares de todos los derechos de que tiene una persona. "Pero también como sujetos de derecho, los niños/as y adolescentes son también sujetos de cierta obligaciones", reitera.
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