Denuncia por sobreprecios, retos de un ministro, versiones de estatización, caída de acciones, cuestionamientos en las provincias, sanciones económicas...
Antes de que el panorama empeore aún más, el presidente de la española Repsol, Antonio Brufau, viajará la semana próxima a Buenos Aires para conocer de primera mano el alcance de la embestida oficial contra YPF e intentar contener sus efectos, consigna el diario La Nación en su edición de hoy.
La acción de la compañía española que controla el 57,43% de YPF fue la más golpeada el martes en la Bolsa de Madrid , con una caída del 2,37% que los analistas atribuyeron a las posibles consecuencias del enfrentamiento entre la petrolera y el gobierno argentino.
Ante este panorama, destaca La Nación, Brufau -también presidente de YPF- buscará reunirse con autoridades argentinas, aunque hasta el martes la empresa no había confirmado su agenda.
Dos semanas atrás, el Gobierno denunció a YPF y otras cuatro petroleras por cartelización para cobrar más caro el gasoil destinado a las empresas de transporte. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició una investigación -que comenzó con YPF, dueña del 65% de ese mercado- y les obligó a bajar los precios .
El martes, en una reunión con la CNDC, el director ejecutivo comercial de YPF, Alfredo Enrique Pochintesta, confirmó que la compañía YPF ya bajó los precios.
Pero ese hecho fue el disparador para otras situaciones que afectaron a la empresa gerenciada localmente por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El ministro de Planificación, Julio De Vido, les exigió públicamente que "pongan en valor" los hallazgos en hidrocarburos no convencionales. Y en varios círculos cercanos al Gobierno comenzó a mencionarse la posibilidad de una nacionalización.
Los cuestionamientos también comenzaron a hacerse oír en las provincias. En declaraciones recogidas por el diario El Patagónico (propiedad del empresario Cristóbal López), el diputado provincial justicialista Carlos Gómez consideró que YPF actúa de manera "irresponsable buscando oscuros objetivos".
Y añadió: "Es notorio el enfrentamiento que ya ha dispuesto el gobierno nacional con YPF por este tipo de actitudes de estar dilatando los planes de inversión que corresponden a este año".
Postura gremialEl legislador y dirigente del Sindicato Petroleros Privados denunció "una paralización de equipos en yacimientos de YPF. Se están paralizando diez equipos de perforación, 17 equipos de terminación y un pulling en Santa Cruz norte".
El martes también se conoció una nueva sanción dispuesta por el Gobierno contra YPF por supuesto incumplimiento de compromisos asumidos en el marco del "acuerdo con los productores de gas natural 2007-2011".
La resolución 7/2012 de la Secretaría de Energía dispuso aprobar el proyecto "Revaluación Macueta" (en Acambuco, Salta) dentro del marco del programa Gas Plus, que les permite a los productores recibir un mejor precio por el fluido. El proyecto está operado por Pan American Energy (PAE), que formó una UTE con otras cuatro petroleras, entre ellas YPF.
La resolución, firmada por el secretario Daniel Cameron, dispone que todas las petroleras puedan cobrar el precio fijado por Gas Plus, salvo YPF, que deberá resignar el 15% por los mencionados incumplimientos.
No es la primera vez que YPF es sancionada por este tema (la resolución 405/2011, publicada el 6 de julio último, había establecido lo mismo), pero en el actual contexto la medida adquiere un carácter político que antes no tenía.
YPF sostiene que no incumplió, sino que hay diferencias de criterio sobre los volúmenes de gas que se había comprometido a entregar en el contrato original.
Se trata del acuerdo previsto en la resolución 599/07, por el cual las petroleras se comprometían a aportar determinados volúmenes diarios de gas desde las distintas cuencas para ser distribuido entre las diferentes categorías de usuarios.
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