Angol (Chile), 22 feb (EFE).- "Los mapuches somos un pueblo ocupado militar, política y socialmente", declaró a Efe Ramón Llanquileo, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, la organización radical indígena acusada estos días por el Gobierno chileno de estar detrás de incendios que arrasaron el sur del país.
"El Estado chileno se ha puesto al servicio de los intereses económicos", insiste Llanquileo, líder de la CAM que cumple condena en una prisión de la Araucanía y que el año pasado, junto a otros presos mapuches, protagonizó una larga huelga de hambre.
A la entrada de la cárcel de Angol, situada 570 kilómetros al sur de Santiago, hay un cartel que detalla el régimen de visitas para los familiares de los presos. Hay uno para los imputados, otro para los condenados y un tercero para los mapuches. Dentro de la prisión, también ocupan un pabellón aparte.
Llanquileo comparte celda con Héctor Llaitul, José Huenuche y Johnatan Huilical, los activistas mapuches que en junio de 2010, tras 81 días de ayuno, recibieron de la Corte Suprema una sentencia de reemplazo que les rebajó a tres años las penas de cárcel, salvo en el caso de Llaitul, quien debe permanecer nueve años.
En las últimas semanas, la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) ha estado en el punto de mira del Gobierno por el incendio que en enero pasado costó la vida a siete brigadistas en la localidad de Carahue.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, insinuó que detrás de este hecho estaba la CAM, y el presidente Sebastián Piñera habló de "atentados" cometidos por "una mano perversa y criminal".
Los dirigentes de la CAM se defienden de estas acusaciones e insisten en nunca han estado involucrados en hechos de sangre. Por el contrario, recalcan, son ellos quienes han sufrido pérdidas humanas, como Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Alex Lemu.
Llanquileo y otros trece presos mapuches más mantuvieron una larga huelga de hambre el año pasado para exigir la derogación de la ley antiterrorista y denunciar las irregularidades en los procesos en su contra, buena parte de los cuales se basan en el testimonio de testigos protegidos.
Nueve meses después, cuatro de ellos siguen en prisión, pero su balance es positivo: "La huelga tuvo efecto, pusimos presión a nivel nacional e internacional y se otorgaron algunas libertades".
"El Gobierno se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista", pero según Llanquileo ha incumplido el acuerdo porque los jueces han seguido recurriendo a esta legislación especial, surgida de la dictadura de Pinochet, tanto en los procesos como en los juicios.
"La Corte Suprema creyó a los testigos protegidos y dio por válida una investigación que estaba viciada", asegura.
Convencidos de que "En Chile no hay justicia", los dirigentes de la CAM han presentado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confían en que el asunto pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para que finalmente les otorguen beneficios penitenciarios, como ya sucedió con otros casos.
Los mapuches, unos 600.000 en un país de 17 millones, son la principal etnia indígena de Chile. La base del conflicto que enfrenta a algunas comunidades con el Estado es la reivindicación de las tierras de sus ancestros.
En la Araucanía, la región más pobre del país, los mapuches ocupan unas 600.000 hectáreas, un 5 por ciento de las tierras de sus ancestros y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.
"Somos un pueblo ocupado militar, política y socialmente", afirma Llanquilleo. "La invasión económica de nuestro territorio significa la muerte de nuestro pueblo, ya hay comunidades enteras que han desaparecido", asegura.
Ante esta situación, la CAM propugna "defender lo que tenemos y recuperar lo que no tenemos: la autonomía y el territorio", explica Llanquileo a Efe.
La política de entrega de tierras a las comunidades menos conflictivas está causando daño a lo que este dirigente denomina "la causa del pueblo mapuche".
"Entregando tierras (las autoridades) han conseguido aliados dentro del movimiento, pero la postura política de la CAM no se ha visto afectada", puntualiza.
"Nuestro objetivo no es que nos den unas pocas tierras, sino reconstruir el Wallmapu (la nación mapuche), y eso significa lucha".
Llanquileo asegura que ni él ni sus compañeros de celda tienen responsabilidad material en los hechos por los cuales fueron condenados (robo con intimidación y lesiones contra carabineros), si bien admite la "responsabilidad política".
"Está claro, dice, que con pancartas no se va a parar el proyecto minero de Lleu lleu", por ejemplo.
El dirigente indígena reconoce que en algunos sectores del movimiento mapuche se ha instalado el miedo a la cárcel y a la muerte.
"Hay que ser honestos y reconocerlo", admite. "Pero la capacidad de autodefensa sigue intacta. Es difícil que perdamos la batalla", advierte.
Desde la cárcel de Angol, los acontecimientos en Santiago se ven más lejanos. Las movilizaciones de los estudiantes no son una excepción. Para los líderes mapuches, se trata de un movimiento "conducido por sectores a los que no les importa la transformación social, sino tener cuotas de poder".
"Ellos no sienten el dolor de la gente oprimida. Yo sí lo siento. Ésa es la diferencia entre el movimiento estudiantil y la CAM", concluye Llanquileo.
En la imagen, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter. EFE/Archivo
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