BOGOTA (AP) — La Fiscalía pidió a un juzgado de Bogotá la captura del ex Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien está procesado por la aparente falsa desmovilización de unos supuestos guerrilleros de las FARC.
Restrepo, el tercer cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) en encarar líos judiciales, no tenía pendiente una orden de captura y por eso pudo salir libremente de Colombia hace un mes.
Martín Moreno, jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, en la que se adelanta el caso contra Restrepo, dijo vía telefónica que el juzgado aún no había emitido la orden solicitada, pero se abstuvo de explicar la razón.
La ausencia del ex Comisionado (2002-2009) a otras diligencias judiciales en el pasado era signo de que buscaba evadir la justicia, explicó el director nacional de las oficinas de la Fiscalía, Néstor Armando Novoa.
Restrepo salió del país el 8 de enero sin que en este momento se tenga claridad sobre su paradero, pero destacó que hay versiones que indican que se puede encontrar en Nueva York, agregó Novoa en entrevista telefónica.
Dijo que se enteraron de la salida del país de Restrepo a través de funcionarios migratorios y porque las consultaron debido a la ausencia del ex funcionario a otras diligencias judiciales.
Sin embargo, señaló que no tienen noticias de que hubiera solicitado algún tipo de asilo.
El ex funcionario incluso estaba citado para una audiencia el viernes en un juzgado de Bogotá y en la que ya la Fiscalía había anunciado que iba a pedir su detención preventiva por el caso de la falsa desmovilización de supuestos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía ha anunciado que imputará al ex comisionado los delitos de peculado, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares.
Delitos como el fraude procesal, es decir, inducir a un funcionario para que emita una resolución u acto contrario a la ley, son castigados con prisión de mínimo seis años de prisión.
Novoa explicó que a pesar de la ausencia de Restrepo la audiencia de este viernes se mantiene, bien sea con el defensor que tenía el ex funcionario o con otro de oficio.
La Fiscalía también ha dicho que pedirá la detención preventiva de las otras 10 personas, entre ellas los coroneles del ejército Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Jaime Joaquín Ariza Girón, así como de Raúl Agudelo, alias "Olivo Saldaña", un ex rebelde que ya estaba detenido por otros procesos y quien también participó en el acto de entrega.
Uribe no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía de capturar a Restrepo.
Otros dos ex funcionarios de Uribe, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, están en prisión preventiva desde mediados de 2011 por sospechas de distintas irregularidades.
El ex comisionado ha dicho que estuvo presente en toda la desmovilización, que "nunca tuvo sospechas" de alguna irregularidad en el proceso y que de haber sido así las habría denunciado a las autoridades.
Las irregularidades que investiga la Fiscalía se refieren a la desmovilización y entrega de armas de más de 60 presuntos rebeldes de las FARC en marzo de 2006, en un acto público en el central departamento de Tolima que encabezó Restrepo.
El ex comisionado ha dicho que estuvo presente en toda la desmovilización, que "nunca tuvo sospechas" de alguna irregularidad en el proceso y que de haber sido así la habría denunciado a las autoridades.
Varios desmovilizados denunciaron ante la Fiscalía a fines de 2010 que muchos de los "rebeldes" que se entregaron en 2006 en realidad eran ladrones, indigentes y desempleados que habían sido reclutados por un ex miembro de las FARC que desde la cárcel supuestamente apoyaba gestiones de paz.
Aunque no hay aún una versión clara sobre por qué se habría tramado la desmovilización de falsos rebeldes, dos guerrilleros desmovilizados han dicho que la intención era mostrar al país que las FARC estaban resquebrajadas. Algunos aceptaron también posar como rebeldes simplemente a cambio del pago de unos 500.000 pesos (unos 270 dólares), que habrían sido pagados por un narcotraficante, según el testimonio de dos guerrilleros identificados por la Fiscalía como José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero.
El 12 de diciembre la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que atiende a los desmovilizados, informó en un comunicado que de los 62 presuntos desmovilizados de las FARC "sólo 52 ingresaron al proceso de reintegración que ofrece el gobierno nacional y actualmente sólo de ellas 30 estaban activas en el proceso" y a las cuales se les suspendió la entrega mensual de ayuda financiera, en promedio de unos 168 dólares, debido a que existía una orden judicial por la investigación del caso.
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