El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI anticipó hoy que la semana que viene presentará un pedido de juicio político al ministro de Planificación Julio De Vido a los efectos de determinar la responsabilidad política del ministro en la catástrofe ocurrida en Once.
El titular del bloque, Alfonso Prat-Gay manifestó: "En cualquier país republicano y serio los ministros se someten a una evaluación de la responsabilidad política en el Parlamento ante una tragedia como la ocurrida ayer. Es imperioso evaluar la responsabilidad de altos funcionarios del ministerio de Planificación".
Por su parte, el secretario general del partido, Adrián Pérez, señaló: "En los últimos años el sistema ferroviario argentino empeoró ostensiblemente, con un servicio que es claramente deficiente, sin ningún tipo de mantenimiento y con subsidios que año tras año se incrementaron de forma geométrica, y que el año pasado superaron los $6.000 millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Cuáles son los controles que se hicieron?"
"Los informes de la Auditoría General de la Nación son categóricos al respecto: las deficiencias en el servicio y el mantenimiento del material rodante del sistema ferroviario son alarmantes", agregaron desde la CC-ARI.
Reclaman el fin de la concesión a TBA
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que responde al kirchnerista Hugo Yasky, y la crítica al Gobierno, liderada por el estatal Pablo Micheli, coincidieron hoy en reclamar la finalización de la concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA) del Ferrocarril Sarmiento.
En el caso de la CTa representada por Yasky, reclamaron "poner fin inmediatamente a las concesiones fraudulentas y de TBA" tras el accidente ferroviario en la estación Once que costó la vida a 50 personas y heridas a unas 700.
"Es imprescindible que TBA deje de ser concesionaria del Ferrocarril Sarmiento", definió, por su parte, un comunicado de la CTA de Micheli, que manifestó que es "indispensable que el Estado recupere el sistema ferroviario".
Críticas a la respuesta oficial
Casi todos los partidos de la oposición hicieron manifiestas críticas a la gestión de los trenes llevada a cabo por el Gobierno, y a su reacción tras la tragedia.
Tras las declaraciones de hoy de De Vido, que dijo que el Gobierno se presentará como querellante en la causa, la diputada del GEN Margarita Stolbizer manifestó que "el Estado no puede ser querellante porque está involucrado, es responsable".
Pidió además la renuncia del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, por entender que "no tiene margen para demandar ni hacer propuestas" después de la tragedia en la estación ferroviaria de Once.
Por su parte, el ex presidente del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, señaló: "Es curioso que el cómplice de un fraude pretenda querellar al estafador. La Comisión de Regulación de Transporte denunció el vaciamiento de los concesionarios del ferrocarril, ya en 2010, y se apresta a presentar un informe que actualiza la denuncia. Lo mismo está por hacer la Auditoría General. Se estima que el valor de los activos ferroviarios es hoy el 15 % del de 2003".
Y agregó: "Está claramente establecida la colusión de 'favores' entre la Secretaria de Transporte y los concesionarios, expuestos también en el expediente judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra".
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